Bolivia: lecciones de una elección inédita

Juan Carlos Pinto Quintanilla (1)

1. El Contexto Constitucional [arriba] 

La Constitución Política del Estado Plurinacional ha definido, a partir de la problemática republicana y neoliberal que nos ha tocado vivir, que la justicia es uno de los principales retos de la democracia que estamos construyendo.

Las instancias máximas de decisión en el Órgano Judicial, históricamente, han existido institucionalmente dependientes de las decisiones de los grupos de poder. Jueces colocados por parentesco o por imposición de los dictadores de turno, o bien a partir de pactos político partidarios en la reciente democracia neoliberal. En definitiva, en Bolivia a lo largo de la historia nunca se ha concebido a la justicia institucional como un derecho de la ciudadanía, sino más bien como un privilegio de los sectores de poder, donde los jueces nombrados se debían al poder político y recibían beneficios de él. El conjunto de la ciudadanía, simplemente, sufría las decisiones o no decisiones del Poder Judicial, que fluctúan según la capacidad económica y el poder político del involucrado.

Pero, además, en una sociedad históricamente marcada por la exclusión de la mayoría Indígena Originario Campesina, la elitización señorial se naturalizó: factores como el acceso al conocimiento, el color de la piel y el apellido otorgaban pertenencia a los espacios de decisión, y por supuesto, al ámbito de la justicia. Los escribanos y “doctorcitos“ de la colonia (y, luego, de la república) siempre cumplieron el papel accesorio de legalizar el poder colonial y señorial. Cumplir esto les permitía mantener el privilegio de contar con el conocimiento como una forma de poder y artilugio, que se mostraba como capital simbólico ajeno a la mayoría y sólo era otorgado a personas especiales. Esos “doctorcitos“ están presentes en gran parte de nuestra historia republicana como parte integrante del Estado y muchas veces como operadores directos del poder en la presidencia.

El derecho, concebido como administración del poder de las élites, volcó esta expectativa en el conjunto social. Entonces, cuando los procesos democratizadores de la revolución del año '52 ampliaron las posibilidades de acceso a la educación, paulatinamente, se produjo la irrupción de sectores populares en las universidades, principalmente, en la carrera de Derecho, como canal académico de ascenso social a través de la política, o bien en los niveles inferiores del poder simbólico donde los abogados viven de la extracción de recursos a la población a nombre de la legalidad y el mercado.

Esta forma en la que el derecho se ha desplegado en nuestra vida social expresa ni más ni menos que la forma en la que se ha concebido el Estado Republicano excluyente y hermético —cargado de simbolismos que sólo tenían la pretensión de divinizar el poder del derecho y de los que lo ejercían— porque no existía la pretensión histórica de construir un país, sino que se buscaba proteger los intereses patrimoniales de las élites. En los tiempos neoliberales, los partidos políticos se repartieron los nombramientos de magistrados en el Parlamento, arrogándose espacios de Poder Judicial por largas temporadas que llegaban a los 10 años con derecho a reelección. Seguramente hubo algunos meritorios, pero la gran mayoría estuvo contenida en el marco del tutelaje político para ejercer sus funciones. Con los procesos de modernización posteriores, hubo algunos cambios que buscaban una mayor democratización de la justicia, sin embargo, fracasaron o están agonizando bajo la sombra de la corrupción institucionalizada y las prebendas políticas.

El proceso constituyente tuvo que partir del fracaso de la justicia boliviana para proponer cambios en la justicia ordinaria para lograr integrar a la justicia indígena originaria campesina en la misión de construir una nueva justicia plurinacional para un nuevo país. Pero, además, en los niveles máximos de decisión, donde más presión partidaria y de grupos de poder existía, se propuso una total democratización abriendo la elección al mandato del pueblo, que será quien le otorgue la misión fundamental de hacer cumplir la Constitución y las leyes en el marco de una nueva justicia, acción pública sobre la que, en su cumplimiento, serán juzgados.

El constituyente, también, propuso que la elección de los jueces por la población debía marcar un derrotero propio en la democracia. Es decir, la democracia representativa había convertido el proceso electoral en un espacio de mercado en el que los candidatos se valorizan apadrinados por los partidos o grupos de poder y son exhibidos comercialmente por los medios de comunicación para convencer a la población de “adquirir“ su voto, ya sea a partir de ofrecimientos futuros o de dádivas entregadas en la campaña. El grado de inversión se convierte en uno de los ejes rectores de la decisión, pues los medios no informan de las cualidades y características de los candidatos, sino que los prefabrican como parte del mercadeo electoral para producir un proceso de inducción mediática de la sociedad civil. La mayoría de los que han sido electos en la era neoliberal fueron producto de una gran dosis de mercado que proyectaba, además, el mensaje colonial de la incapacidad del pueblo para gobernar con sus propios dirigentes. Tuvo que entrar en crisis el imaginario neoliberal para que también estas ideas neocoloniales hicieran aguas.

2. El Proceso Preelectoral [arriba] 

Con las leyes electoral 018 y 026 se pone en marcha el proceso eleccionario de magistrados y del Tribunal Constitucional. Más de 520 candidatos se inscribieron para ser parte de la elección que en su primera parte, debían ser preseleccionados por la Asamblea Plurinacional que velaba por el cumplimiento de los requisitos legales, así como de las entrevistas públicas a través de las cuales serían preseleccionados.

Sin embargo, este proceso de transición se desenvolvía en un contexto político que tendría sus consecuencias en el contexto electoral. Sectores políticos de oposición cuestionaron la preselección en tanto no pudieron convocar candidatos y asumieron que todos los preseleccionados serían del partido de gobierno. Lapsus político de los opositores que no recordaron que hasta hace poco ellos nombraban a los magistrados por cuota política y que el partido oficialista con esa regla no hubiera tenido ningún problema de nombrar a todos los magistrados con los más de dos tercios que actualmente tiene en el parlamento. Sin embargo, las reglas de convivencia y elección acordadas en la Constitución son las que se convierten en el motor de la democratización mayor de la institucionalidad, más allá de los partidos y grupos de poder.

De esta manera, fueron preseleccionados los 116 candidatos/as en las cuatro franjas de elección en circunscripciones nacionales y departamentales, para poner en disposición de la ciudadanía, la elección del nuevo Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional. El Órgano Electoral se hizo cargo del proceso electoral, en el que a partir de un reglamento de difusión de méritos de candidatos/as se establecían las reglas de la elección. Los y las candidatas no podían realizar campaña para sus candidaturas, los medios de comunicación podían entrevistarlos guardando el principio de igualdad de oportunidades para todos los candidatos, en definitiva, el Órgano Electoral sería el único ente institucional encargado de presentarlos públicamente y generar el material necesario para la difusión de sus méritos.

3. El contexto político preelectoral [arriba] 

Aunque el proceso de transformación que vive el país tiene el respaldo de 6 elecciones consecutivas, que han dado una victoria absoluta al liderazgo y al sentido del proceso histórico que vive Bolivia; la Constitución ha expresado el encuentro entre las dos miradas históricas de país, la liberal y la comunitaria, y asume que ese camino de encuentro, también, será pleno en dificultades; por cuanto la mirada plurinacional debe hacerse espacio histórico en medio de otra liberal que se ha concebido históricamente como única.

De esta manera, y aunque los sectores opositores se hicieron minoría en representación partidaria, en los espacios territoriales departamentales tuvieron un aliado permanente en los medios de comunicación, cuyos propietarios siempre fueron parte de la élite señorial de este país. A ello, sin duda habrá que sumar el fluctuante papel de las clases medias urbanas, que se guían por el temor y la seguridad de su propiedad y su vida para tomar decisiones antes que por el bienestar del país. Así, se han sucedido una serie de conflictos que hacen a esta oposición silenciosa y que sólo es visualizada en los medios de comunicación ante los conflictos; es decir, se amplifica esta vos, así como los errores cometidos por el gobierno del proceso de cambio.

La lucha permanente por espacios de poder en todo el país, la judialización de opositores que durante tanto tiempo de poder saquearon los recursos regionales y estatales, los conflictos regionales y sectoriales por un mejor ingreso y participación en los proyectos; finalmente, la movilización de pueblos indígenas del oriente, en procura de la defensa de su territorialidad; en definitiva, son procesos de tensión social en la construcción institucional de un Estado cada vez más presente frente a las ausencias coloniales, el cual entra en conflicto aun con sectores sociales aliados en procura de la construcción de la constitucionalidad. Eso expresa el conflicto del TIPNIS, (2) que puso de manifiesto la existencia de miradas diferentes sobre el desarrollo en el país y que las urgencias del Estado no son precisamente las de los sectores que generan resistencias buscando réditos locales o sectoriales.

Todo este contexto de conflictividad, de alguna manera, que se suscita con la movilización indígena ha permitido la rearticulación, aunque dispersa, de sectores opositores que vieron en el conflicto con los pueblos del oriente la posibilidad de quebrar por dentro el proceso de cambio del gobierno indio. Antiguos aliados, viejos opositores, trotskistas del magisterio e incluso ex funcionarios se vieron coaligados en este proceso de interpelación al gobierno, además, tuvieron una amplia cobertura mediática para sumar y aumentar descontentos. Finalmente, el contexto político de esta suma coyuntural de oposición convergió en torno al proceso electoral en marcha, para interpelarlo desde distintas aristas: la naturaleza de los candidatos, el proceso, la difusión, las denuncias y finalmente la acusación de fraude como una salida final de deslegitimación del proceso de democratización de la justicia.

4. El Órgano Electoral Plurinacional [arriba] 

Frente a esta coyuntura electoral, el Órgano Electoral Plurinacional es el que constitucionalmente administró este proceso en su fase electoral. Elegidos en el Congreso Plurinacional a principio del 2013, los 7 vocales del Tribunal Supremo Electoral completaron la sala plena. También, en los Tribunales Electorales Departamentales existe ausencia de nombramientos de vocales, como es el caso de Santa Cruz, del Beni (resuelto apenas antes de las elecciones) y el de Oruro (con la suspensión de Vocales antes de las elecciones). Se estima que cerca del 95% de los vocales son nuevos en el cumplimiento de esa responsabilidad.

En definitiva, encontramos un Órgano Electoral Plurinacional que tiene el rango de nuevo órgano del poder público, apenas en proceso de institucionalización y que tiene tras de sí la institucionalidad creado por la antigua Corte nacional Electoral que administró todos los procesos electorales anteriores, varios de ellos en condiciones de conflicto y que le permitieron arrogarse una imagen de confiabilidad con la ciudadanía. La Corte resultó ser un eficiente instrumento de administración electoral, todavía más cuando se incorporó casi en emergencia política el sistema biométrico de inscripción y seguimiento electoral, que alejó fuera las dudas opositoras sobre la confiabilidad en el padrón electoral.

Sin embargo, es precisamente la institucionalidad pasada la que se convierte en una limitación hacia una nueva institucionalidad. La CNE (3) estaba preparada y tensionaba en torno a los eventos electorales con procedimientos que, de alguna forma, eran los mismos y que en su aplicación eran concebidos como la garantía de la transparencia y la confiabilidad electoral. Esta institucionalidad creó una experticia en el personal, que a diferencia de los niveles directivos, le permitió permanecer varios años en la institución.

La nueva institucionalidad del OEP (4) requería un salto cualitativo para abordar las tareas propias de un nuevo poder público. Sin embargo, las nuevas autoridades y el personal nuevo asumieron la herencia de la CNE para darle continuidad a los procesos por administrar, principalmente, el de las elecciones judiciales. No se terminó de asimilar el mandato constitucional de la Democracia Intercultural, que más allá del discurso, enuncia una nueva forma de relación y convivencia que excede de lo procedimental y que provoca la responsabilidad fundamental del OEP de ser responsables institucionales de su incorporación en todos los ámbitos de convivencia, decisión y elección que realizan los bolivianos y bolivianas.

Las urgencias electorales marcaron la repetición procedimental en la mayoría de los espacios, pero también la jerarquización de las decisiones, junto a niveles de improvisación y falta de coordinación institucional para llevar a cabo el proceso electoral. La ausencia de reglamentaciones nuevas junto a una administración tradicional que se asumió todavía más limitada y limitante para el desarrollo del trabajo a partir de la inexistencia de un decreto de excepción y de la propia ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, contra la corrupción que genera responsabilidad directa de los funcionarios dan cuenta de lo dificultoso de este proceso.

En definitiva, lo que se pudo constatar, en un menor tiempo, es lo que ocurre en todo espacio estatal a lo largo de estos años del proceso de transición al Estado Plurinacional: viejas prácticas y habitus institucionales que se imponen por experiencia e inercia frente a funcionarios nuevos y discursos diferentes que no terminan de entender aún las responsabilidades de transformar el espacio estatal, que se considera todavía un espacio de privilegio, a otro dictado por la plurinacionalidad que es de servicio y de instrumentación de la democracia intercultural en todos los espacios públicos y de decisión.

5. La Difusión de méritos de candidatos/as [arriba] 

Es con ese contexto institucional que se desarrolla el proceso electoral de Magistrados y del Tribunal Constitucional Plurinacional. La responsabilidad de administrar el proceso recaía en el OEP, pero además en un proceso sui generis, la responsabilidad institucional de dar a conocer a candidatas/os y de supervisar el proceso de igualdad de oportunidades con los medios de comunicación.

La aprobación del Reglamento para la difusión de méritos de candidatas/os abrió el primer portal ante los medios de comunicación que venían con la predisposición ideológica de interpelar al Estado Plurinacional desde el discurso de la defensa de la libertad de expresión, con el que habían logrado congregar a los opositores al gobierno de Evo Morales. Sin embargo, a través de la apertura de espacios de intercambio con los medios, el TSE (5) logró explicar la apertura que se otorgaba a los medios de comunicación para que realicen libremente entrevistas y abran espacios comunicacionales, guardando el principio de la igualdad de oportunidades para todos los candidatos/as. Así, se logró neutralizar el ataque, sin embargo, en el proceso electoral varios medios optaron por abstenerse de participar en la difusión del proceso y dieron curso a opiniones de opositores que propiciaron la campaña por el voto nulo. Otros, aquéllos que asumieron su responsabilidad social con la ciudadanía, buscaron modos creativos para dar lugar a que la ciudadanía conociera a los 116 candidatas/os y que pudieran tener la opción de decidir y elegir.

La estrategia comunicacional propuesta por el SIFDE, (6) brazo operativo del TSE, para su aprobación tuvo algunos inconvenientes que tenían que ver con los niveles de descoordinación propios de una institucionalidad en construcción que a manera de ejemplo no tenía aprobado el logo institucional en vísperas del proceso electoral y tampoco el personal necesario para acompañar y dirigir el proceso. Sin embargo y en el marco del poco tiempo para su organización y de los recursos disponibles, se asumió la necesidad de la presentación simultánea de mensajes a la ciudadanía. Por una parte la presentación institucional del OEP, la importancia constitucional de la democracia intercultural como transversal, el de las elecciones judiciales como experiencia para la democracia, junto a la explicación procedimental del proceso electoral. En un segundo momento, y última etapa del proceso electoral, la presentación pública de los méritos de candidatos/as en actos departamentales y uno a nivel nacional, junto a la difusión realizada en todos los medios de comunicación posibles, busca guardar la equidad y también evitar la sobresaturación propagandística para no generar confusión.

En total cada candidata/o apareció en las pantallas de TV de todos los canales un promedio de 90 veces en un mes y medio, y en el mismo tiempo cerca de 200 veces habló en las 300 radios que fueron parte del circuito contratado. Se contrataron cerca de 200 vallas publicitarias y se publicaron más de 3 millones de cartillas informativas, además de las separatas en periódicos de circulación nacional. Pero, además, el punto central de difusión estuvo en la publicación y entrega de cerca de 2 millones y medio de cartillas departamentales con los méritos de cada candidata/o que fueron entregadas por las TEDs (7) y las brigadas juveniles que en un número cercano a 1000 recorrieron los espacios urbanos del país. En el campo, además de la difusión en idiomas a través de las radios, se coordinó con alcaldías y organizaciones sociales, además del ejército en algunos casos para la entrega de este material.

Se capacitó a cerca de 123.000 jurados en el proceso electoral y sus contenidos, además de dirigentes de organizaciones sociales en cada departamento, también a funcionarios de ministerios y al ejército y la policía; para que podamos construir la corresponsabilidad necesaria para profundizar el proceso democrático que nos aprestábamos a vivir.

También se desarrolló una acción institucional de monitoreo a través de un equipo nacional y una empresa especializada, además de equipos y empresas contratadas a nivel departamental que realizaron el seguimiento de entrevistas y acción de los medios en relación al cumplimiento del reglamento de Difusión de Méritos en el proceso electoral y del cumplimiento de los espacios contratados en los distintos medios de comunicación. A partir de este trabajo, se organizó un equipo procesador de las denuncias recibidas por el TSE sobre incumplimiento del reglamento: fueron recibidas cerca de 50 denuncias que fueron procesadas con su informe técnico respectivo para consideración del Tribunal Supremo Electoral, que son los que dictaminaron resolución.

Con todo este despliegue, creemos que no existe argumento posible del oficialismo o la oposición para justificar los resultados finales a partir de “una falta de información sobre los candidatos/as“. Lo que sí debería entrar en consideración es la calidad de información otorgada, ya que dentro los parámetros normales de una campaña electoral en cantidad de difusión se han sobrepasado las expectativas, pero tendremos que preguntarnos si eso era suficiente en un proceso electoral distinto y cargado de los elementos que hemos puesto líneas arriba en consideración.

Además del contexto político que generó posicionamientos antigubernamentales que se recargaron en el proceso electoral tendremos que reflexionar sobre otros factores tales como que los candidatos/as (todos con un perfil académico por el que fueron preseleccionados por la Asamblea Plurinacional) eran ampliamente desconocidos para la población, por cuanto no habían tenido carrera ni recorrido político. Todos tenían un perfil parecido en la lectura y exposición de sus méritos, las diferencias podrían estar en su capacidad de elocuencia, en la experiencia o bien en algunos aspectos humanos que dejaban escapar; sin embargo, para la mayoría fue muy difícil la decisión sobre cuáles eran los mejores representantes para el Órgano Judicial.

Otro aspecto de suma importancia es que en los procesos electorales tradicionales los partidos son los encargados de hacer conocer a los candidatos, pero muchas veces lo hacen de forma prebendal, por ejemplo, ofrecen trabajo o bien reparten cosas o hacen ofrecimientos futuros. En definitiva, existe un involucramiento institucional, que más allá de los fines partidarios, establece una relación entre el candidato y la población. Pueden hablar con él, compartir inquietudes, comprometerlo al cumplimiento de determinadas promesas, etc.; y aunque muchas veces esto sea parte de un circo electoral, la población necesita sentirse involucrada e incorporada en las decisiones que va a tomar con su voto. En las pasadas elecciones, bajo el principio de igualdad de oportunidades debieron abstenerse de realizar campaña de sus méritos, quedando una buena parte del proceso a la espera de invitaciones colectivas, ya que la población no sólo quería verlos o escucharlos en los medios de comunicación, sino también en persona en un intercambio directo.

La explicación sobre cada una de las franjas de elección, a pesar de la insistencia en los medios de comunicación, también resultó ser una limitante, en tanto que históricamente el tema de la justicia y su funcionamiento ha sido ajeno a la vida de la mayoría de la ciudadanía, sólo se han vivido las consecuencias de las decisiones de esos poderes. La explicación realizada por su complejidad sólo contribuía a exaltar la ajenitud de los que serían elegidos en relación a la vida cotidiana de las personas. Muchas asumieron el reto con su voto de elegir, pero otras no se sintieron parte involucrada con algo que siempre les ha resultado lejano. Esta es una limitación histórica que habrá que superar en el proceso que sigue.

La papeleta, en su extensión, contribuyó de alguna manera a la confusión ya que a pesar del proceso de difusión de méritos, los votantes se encontraban ante cerca de 70 candidatos/as que en mucho no le decían nada o bien le generaban interrogantes y en algunos casos desconcierto para encontrar a aquellos candidatos/as que le llamaron la atención pero que fisonómicamente no podían ser reconocidos en la papeleta. Será importante tomar en cuenta este contexto para permitir que en el futuro, cada espacio electoral tenga su propio momento de decisión, para que la ciudadanía participe más, y conozca los contenidos de la responsabilidad que elije y de quienes serán los más apropiados.

6. Los resultados electorales [arriba] 

Finalmente, transcurrió el proceso electoral y los resultados no dejaron de sorprender a propios y extraños, a oficialistas y opositores. La creciente expectativa opositora por un avasallante voto nulo no se hizo contundente salvo en algunas ciudades, sin embargo con el voto rural y ciudades intermedias, los resultados arrojaron un casi empate técnico entre votos nulos y votos válidos que fluctúan entre el 35 y 40%, a los que deben sumarse un 15 a 18% de votos blancos. Las interpretaciones se realizan según la expectativa política, sin embargo el resultado final permite subrayar algunos temas que hacen a la responsabilidad del Órgano Electoral Plurinacional.

Es un logro de la democracia en esta nueva etapa, la contundente participación ciudadana en el proceso electoral que bordea el 80% de la población votante, cifra en crecimiento y que expresa a todas luces que la población ha decidido que sea el voto el camino de la toma de decisiones importantes para el país.

El segundo aspecto se refiere a la cantidad de votos nulos ya que, en la medida en que la difusión de méritos ha estado bajo la responsabilidad del TSE, lo resultados nos competen y son parte de diversas acusaciones que ya fueron contra argumentadas anteriormente; pero no está demás sostener que no podemos quedarnos con el recurso simple de “la falta de información“ como explicación, obviando el contexto político del país y las propias condiciones en las que el OEP tuvo que desenvolver su trabajo. No sólo eso sino que queda pendiente el tema de si el OEP podía dar mayor información en los medios de la realizada, sin contar con el apoyo decidido y movilizado del conjunto del Estado y de las organizaciones sociales que habrían generado una corresponsabilidad beneficiosa para el proceso democrático.

En cuanto a los votos válidos, está demás mencionar que las reglas del proceso estaban establecidas y que los magistrados/as elegidos lo fueron con mayoría simple. De esta manera se tiene nuevas autoridades judiciales que poseen toda la legalidad de su victoria electoral, y nadie puede poner en juicio la legitimidad de un proceso en el que el 80% de los bolivianos aceptamos participar. Baste decir que en un universo electoral de votantes efectivos, existen elegidos hasta con cerca de medio millón de votos, cifra que en la historia democrática del país tiene suficiente legitimidad ante cifras que no sobre pasan los 200.000 votos para elegir en casos diputados, senadores y hasta presidentes. Todavía más cuando en el pasado inmediato eran unos cuantos diputados de colores los que pactaban los nombres de los elegidos como autoridades judiciales.

También debemos mencionar como se hizo a lo largo de la difusión de méritos, que es el voto válido el que elije, los nulos y blancos no deciden y son múltiples las razones por las que se puede tomar esa decisión, desde la simple confusión, el no convencimiento, hasta la militancia opositora en el voto nulo o blanco. Lo que sí se puede aseverar es que nadie es propietario político del voto nulo como pretenden hacer los sectores opositores. En términos políticos, si puede ser considerado un síntoma a ser analizado en el contexto, por los distintos actores políticos para sacar conclusiones hacia el futuro.

Finalmente mencionar que más allá de las acusaciones de voto consigna del oficialismo, o de propaganda velada de los candidatos/as en diversos espacios donde interactuaron bajo diversas razones; el voto de la mayoría de los válidos tuvo una inclinación clara por los que representaban a lo IOC, (8) pues el voto sombrero y el voto pollera fue el más contundente y expresa dos elementos, el que incluso más allá de las personas existe una clara inclinación por la inclusión y la interculturalidad de parte de gran parte del electorado que a su vez se han sentido identificados con esos candidatos/as que son parte de su propia identidad. Pero también podemos decir que además de lo anterior, en el conjunto de candidaturas, eran sobresalientes quienes ostentaban su propia vestimenta e identidad a momento de postularse, así como también el tema de género que permitió que un mayor número de mujeres fueran elegidas.

Cabe mencionar algunas fallas procedimentales derivadas de la falta de coordinación institucional, pero que pudieron ser reparadas por el propio sistema informático. Nos referimos a fallas de sumas aritméticas, que fueron interpretadas maliciosamente por algunos sectores políticos como manipulación de datos, y que fue convenientemente explicada con el sistema COFAX que no permite la acumulación de fallas aritméticas y las remedia. No ocurrió así con 36 mesas electorales, una en Oruro y 35 en Santa Cruz, que fueron anuladas por cuanto los jurados alteraron deliberadamente las actas electorales para propiciar y favorecer al voto nulo, ya que los números inflados, sobrepasaban en demasía a los votos emitidos.

No está demás decir que concluimos el proceso como lo iniciamos, en medio de un contexto político de confrontación, en cuyo escenario no pudieron los sectores opositores encontrar mejor argumento que enlodar al TSE en acusaciones diversas, para deslegitimar el proceso y justificar el que no pudieran convencer a la mayoría de la ciudadanía de votar nulo, que era el principio de su pretendida reorganización política. Los ataques no cesarán, pero lo que es absolutamente una victoria democrática, es el que hayamos elegido a las autoridades judiciales y al Tribunal Constitucional, iniciando un nuevo proceso de transformación para el país

7. Los aprendizajes democráticos [arriba] 

Bolivia ha vivido una experiencia democrática trascendental en su historia. Nos hemos atrevido a avanzar en los procesos democratizadores más allá de lo que el mundo liberal hizo hasta ahora y transitar en la democracia intercultural hacia rumbos que nos permitan una cada vez mayor participación junto a una mayor decisión que construya un nuevo país. Necesitamos reflexionar la experiencia que acabamos de vivir para sacar lecciones para el futuro de nuestra democracia intercultural, vayan pues unos primeros apuntes para seguir construyendo el nuevo país.

• El proceso de trasformación del país, definitivamente se ha constitucionalizado y se ha impreso en la conciencia de la mayoría del pueblo a través de su participación. Las transformaciones necesarias en la justicia tienen como correlato su democratización a través de la elección de los magistrados, cuya experiencia acabamos de vivir y que ha permitido su elección con las reglas establecidas por la Constitución y las leyes electorales vigentes.

• El contexto político del país ha condicionado la participación y el proceso de elección de los magistrados, pues la ciudadanía y algunos sectores opositores junto a medios de comunicación han pretendido deslegitimar el proceso bajo diversos tipos de acusación que en realidad ocultan el propósito ideológico de oponerse a una mayor democratización en el país, y en este caso particular, de la justicia.

• El Órgano Electoral Plurinacional como nuevo órgano de Estado, ha administrado la primera elección intercultural, en un proceso de institucionalización que no concluye y que tiene todavía muchas dificultades para diferenciarse de la identidad institucional de la antigua CNE, para dar paso a una institucionalidad plurinacional que permita el despliegue de la democracia intercultural.

• Se ha cumplido con todos los pasos procedimentales que han permitido una masiva participación de la ciudadanía en el proceso electoral con cerca del 80%, como fundamento de que la población históricamente ha apostado a la democracia y la participación para seguir cambiando el país.

• Los procesos de capacitación desarrollados por el OEP en este proceso electoral, que se han masificado a nivel nacional, han tropezado con la dificultad de explicar a la ciudadanía el contenido de la democracia intercultural así como el de las responsabilidades de las autoridades a ser elegidas, por cuanto históricamente el pueblo ha estado excluido de estas decisiones que eran adoptadas por los grupos de poder y los partidos.

• La estrategia comunicacional desarrollada por el OEP a través del SIFDE ha contemplado una presencia masiva en todos los medios de comunicación, sin embargo la dificultad real fue la de entusiasmar a la población para participar, con candidatos/as desconocidos para la población, con perfiles académicos que no les decían mucho y con los que no podían interactuar sino a través de las pantallas de TV y de las radios, por las reglas establecidas en este proceso electoral.

• Frente a la complejidad de elegir y entender lo que se elegía, la campaña del voto nulo tuvo una gran cobertura en medios de comunicación para generar todavía mayor desconcierto y confusión, al margen de posturas políticas de sectores de oposición que realizaron grandes inversiones para propagandizar su oposición al gobierno y convertir la elección de magistrados en un aparente proceso plebiscitario.

• Dentro las reglas del mercadeo político, el órgano electoral no logró generar un ambiente electoral establecido en las reglas de mercado, precisamente porque la regla fundamental de la igualdad de oportunidades buscaba generar alternativas a la comercialización de los candidatos. Precisamente por eso, una parte de la ciudadanía no se sintió involucrada directamente en el proceso de elección porque sus intereses no se veían directamente involucrados, tarea que principalmente a nivel urbano cumplían los partidos políticos, realizando ofrecimientos y repartiendo prebendas para ganar el voto.

• Una parte de la población, principalmente de las áreas rurales, asumió el reto de la trasformación de la justicia a través del voto y ello se ve reflejado en el tipo de elección que se realizó que priorizó dos características fundamentales de candidatas y candidatos, el que expresen la identidad IOC y también las de género.

• Una parte de los medios de comunicación, además de propiciar y amplificar las posiciones sobre el voto nulo, no contribuyeron a que la población pudiera tener una adecuada información para elegir. Se limitaron dentro las reglas del mercado a lograr recursos a partir de los contratos de publicidad establecidos con el OEP, único autorizado para realizar la difusión de méritos.

• Existieron también medios de comunicación que realizaron el esfuerzo de ser creativos en espacios de presentación y entrevistas de candidatos/as, que permitieron un mayor conocimiento de la calidad de los candidatos/as que participaban en las elecciones. Sin embargo la ausencia de debate, como suele ocurrir en procesos electoral anteriores, bajaba el interés de televidentes y radioescuchas en los medios de comunicación.

• Algunas fallas en la coordinación de la OEP, reflejaron la falta de institucionalidad del nuevo órgano de Estado, que fueron enfrentadas con una gran voluntad democrática de los nuevos actores y de experiencia procedimental de antiguos funcionarios.

• El contenido de transparencia del proceso tuvo como aval fundamental al sistema biométrico del padrón electoral, los más de 123.000 jurados sorteados al azar por el sistema informático así como el control social realizado por los miles de electores en las mesas; y finalmente el sistema informático COFAX que permitió que las fallas aritméticas cometidas por varios jurados fueran remediados de forma automática sin que medie ninguna acción política.

• La deslegitimización previa de los preseleccionados, las acusaciones de atropello a la libertad de expresión, la de la digitalización de los jurados y finalmente la de fraude; realizadas por sectores opositores y amplificados por los medios de comunicación, no tienen fundamento en la realidad de este proceso electoral y expresan más bien la oposición política al gobierno antes que al reconocimiento democrático de un proceso de democratización definido en la Constitución.

• Las y los elegidos tienen finalmente la legalidad del cumplimiento de las reglas establecidas en las leyes electorales y tienen la legitimidad de un proceso de transformación de la justicia decidido por la mayoría del pueblo en la Constitución y que ha modificado sustancialmente la forma excluyente en la que los magistrados fueron elegidos en el pasado.

• El único voto que elije es el voto válido, el voto nulo y el blanco son un novoto, que expresa un síntoma que los actores sociales deben tomar en cuenta para sus conductas políticas, sin embargo no existe la pretendida interpretación de sectores opositores de convertir los votos nulos en una cruzada contra el proceso de transformación que vive el país.

• Finalmente, hemos construido un referente de la nueva forma de entender la democracia, de la que aún debemos aprehender para seguir transformando nuestra convivencia y donde el mercado no puede ser el único referente que norme nuestras decisiones en función de tan sólo los intereses personales, y sí la necesidad de que también los intereses colectivos se hagan parte de nuestra vida, para seguir construyendo un mejor país.

Notas [arriba] 

(1) Sociólogo. Diplomado en Derechos Humanos y Moderación de grupos. Especializado en temas Penitenciarios, Análisis Político, Temas Electorales y Democracias. En el Tribunal Supremo Electoral es el Director Nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) y del Instituto de Capacitación en Democracia Intercultural. El SIFDE tuvo a su cargo la administración del proceso electoral de las Elecciones Judiciales, las primeras que se realizaron en Bolivia y en el continente.
(2) Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, lugar donde habitan tres poblaciones indígenas y en el que se procedió en el último año a realizar la Consulta Previa e Informada del Estado a las comunidades indígenas para el paso de una carretera por dicho territorio.
(3) Antigua Corte Nacional Electoral, nomenclatura utilizada hasta la aprobación de la actual Constitución del 2009.
(4) Actual institución electoral que de acuerdo a la nueva Constitución Política del Estado, es el cuarto órgano del poder público.
(5) Máxima instancia nacional del OEP, compuesta por siete vocales que guardan alternancia en el tema de género y donde dos vocales son de representación indígena.
(6) Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, es el brazo operativo del OEP en la construcción y promoción de la Democracia Intercultural.
(7) Los Tribunales Electorales Departamentales son la representación del OEP en cada departamento. Bolivia cuenta con 9 departamentos, cada uno cuenta con 5 vocales, con alternancia de género y representación indígena.
(8) Concepto creado en la Asamblea Constituyente que quiere expresar la alianza entre lo Indígena, lo Originario y lo Campesino en la construcción del Estado Plurinacional, siendo que cada región tiene un denominativo diferente para auto identificarse.