El castigo en los tiempos del cólera

Miguel Robles

No es necesario reiterar que la crisis social, económica y política que ha supuesto la aparición del Covid-19 en el escenario internacional está generando múltiples consecuencias para la población y los Estados, algunas de ellas aún no debidamente dimensionadas y otras todavía difíciles de visualizar, caracterizar o incluso imaginar. El eje del análisis hace foco en tratar de anticipar posibles escenarios en un futuro próximo en múltiples áreas de la vida social y económica. Y aunque hay coincidencia general en que la mayor parte de estos efectos son claramente negativos, en algunos casos la crisis ha obligado a replantear modelos que tal vez han venido para quedarse.

Uno de esos pocos cambios obligados con resultado positivo es, tal vez, uno de los más revolucionarios, en el sentido que ha generado un cambio radical, brusco y a lo mejor todavía no debidamente dimensionado: me refiero a la masiva y obligatoria reconversión de la educación tradicionalmente presencial que, observamos en estos días, se ha reconfigurado casi en su totalidad a esquemas de educación a distancia. Más allá que no es difícil augurar que las instituciones que habían previsto o anticipado el cambio seguramente serán las que estén en mejores condiciones de lograr sus objetivos, es claro que se trata de una de las pocas mudanzas con resultado positivo que deviene directamente del efecto de la crisis.

Pero en el balance general, los resultados negativos son abrumadores. La economía cruje por todos lados y el mundo laboral se derrumba de una manera dramática. Los Estados, en algunos casos con una mirada exclusivamente sanitarista y selectiva, ponen todos sus esfuerzos en el aislamiento social como forma de ralentizar la propagación del virus. Alterada seriamente la maquinaria que permite que el Estado cumpla sus tradicionales funciones de recaudación-redistribución, se apuesta a un nuevo esquema distributivo y se recortan gastos o inversiones, que en este contexto pueden suponerse superfluos o no perentorios. En el caso argentino, el instituto jurídico que denominamos Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, ha supuesto una enorme limitación en las posibilidades de desplazamiento y desarrollo de acciones por parte de las personas dentro del territorio argentino, con el consiguiente deterioro de la economía real. Para lograr la efectividad de esta medida, el estado se ha valido de su brazo armado: las policías y fuerzas de seguridad. Estas estructuras que no siempre, o en contadas excepciones, se han replanteado completamente para funcionar dentro de un esquema democrático y que, históricamente han demostrado una crónica deficiencia en las estrategias contra el delito, ahora están demostrando una altísima eficiencia en la lucha contra el ciudadano de a pie, convertido en un potencial infractor. Las policías y fuerzas de seguridad están deplegando un potencial latente, su verdadero know how, su conocimiento “ancestral”. Y a fuerza de detenciones, a través de patrullajes humanos y virtuales, están logrando altísimos niveles de eficiencia contra todos aquellos que no respeten la ley. Pero sólo en el caso de los tipos penales atinentes a los propósitos del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

Motivo de otro análisis será el de la función policial en tiempos de excepción y sus altísimos niveles de eficiencia. Pero no debemos dejar que el árbol nos tape el bosque. No son sólo las policías y fuerzas de seguridad las que participan de esta vocación abiertamente punitivista que se ha instalado casi como una moda y que, mágicamente, parece por momentos poder conjurar y solucionar casi todos nuestros males. Desde sectores tradicionalmente defensores del punitivismo, como los integrantes del gobierno anterior, la posición ha sido y es clara en tal sentido. Pero no hay que perder de vista que hay un nuevo y aggiornado neopunitivismo, que, con un discurso elegante en torno a las garantías y sumamente pulido en academias internacionales, llega en algunos casos casi al mismo lugar que aquel tradicional punitivismo militante. Sea con un brutal “control poblacional” o con un elegante “cyber patrullaje”, los resultados en algunos casos, pueden ser asombrosamente similares.

Todo esto se puede ver reflejado en números, particularmente en el aumento alarmante de la población carcelaria: según un estudio realizado por la UNTREF y publicado a fines de 2019, el crecimiento de personas privadas de la libertad en los últimos seis años fue del 55 por ciento, sólo si se tienen en cuenta los internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal sumados a los internos detenidos en dependencias del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires: en 2013 había 40.652 personas privadas de la libertad, y en 2019 el número había ascendido a 63.094 personas. No hay que dejar de considerar que fuera de estas cifras queda poco más de un aproximado y a veces difuso 30 %, correspondiente a los presos alojados en los establecimientos penitenciarios que dependen de las distintas provincias argentinas. Con más de 80.000 personas presas a finales de 2019 estábamos muy lejos de las 25.166 personas detenidas a fines de 1996 en todo el país. En poco más de veinte años se ha triplicado holgadamente la cantidad de privados de la libertad. El dólar y la tasa de interés no fueron los únicos indicadores que aumentaron de manera alarmante en la Argentina de los últimos años.

Tan dramática era la situación en las cárceles argentinas a principios de 2019, y era tan evidente que la situación dentro de los establecimientos penitenciarios estaba a punto de colapsar, que literalmente obligó a que las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se vieran compelidas a declarar la emergencia en materia penitenciaria por el lapso de tres años, y a crear una comisión especial que tenga por objetivo intentar resolver el déficit habitacional, mejorar las condiciones de privación de la libertad de los presos, e intentar implementar medidas alternativas al encarcelamiento. Porque la infraestructura carcelaria, el personal penitenciario y la técnica del confinamiento detrás del barrote, es decir, la antigua solución, seguía siendo casi la misma de siempre.

Pero no obstante todos estos indicadores en rojo, el año pasado transcurrió con la atención puesta de manera casi exclusiva en el tema electoral, y el fin de año llegó con todos y todas abocados a la gran cuestión del 2019, que fue el recambio presidencial. Y como suele suceder, el nuevo gobierno fue portador de un tiempo de gracia y de un tiempo de reordenamientos, es decir, contó con tiempo. Mientras, en las cárceles la situación seguía siendo cada vez más dramática, por lo que a pesar de que el país ponía la atención en los nuevos funcionarios y las posibles nuevas medidas, algunas noticias daban cuenta de manera a veces marginal las crecientes tensiones en varios penales del país. Es sabido que el fin de año suele ser particularmente crítico en los establecimientos penales argentinos, y si bien la esperanza del cambio hizo su trabajo, era evidente que el sistema estaba a punto de estallar.

El comienzo del año trajo la noticia de una extraña enfermedad en un extraño y lejano país, que increíblemente se expandía sin control. Por virtud de la globalización lo que era extraño, fue cotidiano más rápido de lo que creímos y así llegamos al punto en el que nos encontramos. Dictada el decreto que establece el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, se puso en vigencia la prohibición de circular y su consiguiente sanción a partir de las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020. A menos de un mes, y sólo en la provincia de Córdoba los privados de la libertad superan las 10.000 personas sólo por violar la cuarentena. Si bien no todas esas personas van a parar a establecimientos penitenciarios, no todos recuperan la libertad como se cree. Solo hay que recordar que en marzo de 2019 la provincia tenía un total de 9500 presos en todo concepto y al igual que lo que ocurría en el Servicio Penitenciario Federal y en la Provincia de Buenos Aires, el sistema de control social cordobés estaba a punto del colapsar. Pero eso no sólo sucedía en Córdoba sino en todo el país. Y las situaciones de tensión no tardaron en manifestarse en varias provincias argentinas a partir de la expansión del virus.

Si bien toda la atención social está puesta en la pandemia y sus efectos, no hay que dejar de tener en cuenta que existe un grupo de cientos de miles de personas que están aisladas incluso de los aislados. Y que a pesar de algunas medidas paliativas, cual cuidados paliativos de los enfermos terminales, apuntan a intentar alivianar la situación, lo cierto es que la profunda crisis carcelaria generada durante años y por múltiples factores, ahora se le suma el aislamiento con sus efectos físicos y psíquicos por un lado, y económicos por otro, que en un contexto de encierro, aumentan sus efectos de manera exponencial y pueden ser verdaderamente devastadores. Es muy simple advertir que si en esta realidad de pandemia cuesta mucho más realizar un trámite bancario o administrar la realidad económica cotidiana, de qué manera cualquier situación dentro de un penal y por más banal que resulte, se puede agudizar hasta lo imposible.

Sin dejar de prestar atención al contexto general, creemos que como personas dedicada al estudio y la reflexión de las problemáticas de encierro en el marco de las ciencias criminológicas, es necesario generar un llamado de atención sobre la situación crítica y extrema que se está viviendo en las cárceles argentinas. Y tal vez comenzar a repensar en reales medidas alternativas a la privación de libertad y al sistema carcelario tal y cómo hoy lo conocemos. En ese intento de transformación creemos que no se debería dejar de tener en cuenta un sistema educativo a distancia que se especialice en contextos de encierro, diversificado y masivo, y que no esté sólo dedicado al dictado de carreras universitarias. Como lo resaltábamos al comienzo, la explosión de la enseñanza a distancia sea tal vez uno de los pocos avances positivos que podemos rescatar de esta crisis.

Pero si optamos socialmente por la vía de la tradicional privación de la libertad como única y exclusiva solución de todos nuestros males, por lo menos intentemos ser serios en ello. Y que de ese modo otra crisis no nos tome por sorpresa. Porque hay que saber que al igual que en las pandemias, en los motines los muertos se suelen contar por decenas. Y lo que a veces lo que parece una realidad lejana está mucho más próxima y cercana de lo que creemos.