Los Consejos de la Magistratura de Europa y América y el particular perfil del Consejo de la Magistratura de la Provincia del Neuquén

Néstor Rubén Yeri [1]

I. Introducción [arriba] 

Los consejos de la magistratura surgen en el sistema continental europeo en el período de la segunda posguerra aunque existen registrados antecedentes anteriores. Los consejos prototipos, que luego han sido en parte replicados por los países de Latinoamérica y Canadá son, principalmente, los vigentes en Francia (desde 1946), Italia (desde 1948), Portugal (desde 1976) y España (desde 1978), aunque también encontramos fuentes de inspiración en los modelos de Grecia, Rumania y Turquía.

La primera experiencia nacional latinoamericana se desarrolló en Venezuela con el Consejo de la Judicatura, establecido en 1969 y que fuera abolido por la vigente Constitución Bolivariana de 1999. A él le habían sido confiadas la independencia, eficacia, disciplina y decoro de la justicia. Fue conformado con cinco magistrados: tres designados por la Corte Suprema, uno por el Ejecutivo y otro por el Congreso.

Con posterioridad los distintos países han adoptado distintos modelos con sus peculiaridades que los alejan o los acercan a los sistemas europeos de los cuales abrevaron y en tal sentido se observa un amplio espectro de submodelos que va desde órganos autónomos (Perú, El Salvador) hasta órganos totalmente subordinados y meramente consultivos del Poder Judicial (Costa Rica), pasando por Consejos de tinte predominantemente estamental (es decir integrados por profesores universitarios, abogados pero en menor proporción o en ninguna por jueces), como son los casos de Ecuador, Perú, el Salvador y hasta de Argentina, hasta casos –que son la mayoría- donde con prescindencia de la pertenencia jerárquica o institucional del cuerpo, éste tiene mayoría de miembros del Poder Judicial (Brasil y Colombia).

Así el Consejo Superior de la Judicatura vigente desde la reforma constitucional de Colombia de 1991, exhibe entre sus finalidades una que es muy típica de los Consejos europeos: Fortalecer la autonomía de la rama jurisdiccional.

Esta reafirmación, es importante destacar, tiene mucha importancia en el sistema parlamentario, pero no tanta en el sistema presidencialista típico de nuestra América donde el Poder Judicial es un poder que, además, es considerado el último intérprete de la Constitución y no una función de la administración general del Estado.

Precisamente esta última situación que objetivamente implica mayor riesgo de injerencia política en la labor de los jueces, es que se justificó históricamente la existencia de barreras institucionales conformadas mayoritariamente por jueces. La respuesta fueron los consejos europeos creados como “órganos constitucionales”, ninguno de los cuales, a su vez, integra el Poder Judicial, aunque esté integrado por mayoría de miembros del Poder Judicial.

Pero en América, el sistema presidencialista –al menos en teoría- de por sí garantiza la independencia del Poder Judicial al instituirlo como un poder más del Estado. En Estados Unidos el sistema ha pervivido en su forma pura por más de 200 años con muy pocos cambios, aunque últimamente se hayan instituido “comisiones” judiciales (también integradas por abogados) para contribuir a dar recomendaciones sobre el sistema de justicia y hasta sobre candidatos a cargos.

También existen en América Latina versiones más acotadas de consejos instituidos a los solos efectos de jus nominandi o jus postulandi de candidatos a jueces que luego deben ser designados por las Cortes Supremas. Se trata de órganos especializados en el recurso humano y tienen por fin específico seleccionar –en algunos casos escuela judicial mediante- a los futuros jueces, pero no tienen el poder de designarlos como nuestro Consejo de la Magistratura. El caso típico lo representa la República Dominicana, acentuado porque allí el Consejo no sugiere al resto de los miembros del Poder Judicial sino solo a los de la Corte.

II. Los distintos modelos en la conformación de los consejos de la magistratura en el derecho comparado [arriba] 

A continuación se vuelcan en cuadros los perfiles de los distintos consejos (empleo ese término porque todos asumen la forma de cuerpos colegiados) y a luego se esbozarán las principales conclusiones que ello arroja.

Modelos europeos:

A mayor abundamiento, fuera de Europa Occidental, tenemos dos países europeos (Orientales) que con distintos matices han seguido patrones similares a los examinados: Bulgaria, donde de acuerdo con el artículo 129, inciso 1, de su constitución post comunista (1991) compete al Consejo Judicial Superior nombrar, promover, degradar, trasladar o remover a los jueces, a los procuradores y a los jueces de instrucción. Dicho Consejo está compuesto por 25 miembros. De ellos, son miembros de derecho el presidente de la Corte Suprema de Casación, el presidente de la Corte Administrativa Suprema y el procurador general. Los demás miembros son electos entre juristas que hayan comprobado poseer altas cualidades profesionales y morales y tengan cuando menos quince años de ejercicio profesional. Once de los miembros del consejo son electos por la Asamblea Nacional y otros once por los órganos del Poder Judicial. El mandato de los miembros electivos del consejo dura cinco años y éstos no pueden ser reelectos en forma inmediata. Las sesiones del consejo son presididas por el ministro de Justicia, quien participa en ellas sin voto (artículo 130). El otro caso es Rumania. Según su Constitución post Ceaucescu de (1991), en sus arts. 124, inciso 1, 132 y 133 el Consejo de la Magistratura se compone de magistrados electos, por un período de cuatro años, por la Cámara de Diputados y por el Senado en sesión conjunta. Según el artículo 133, corresponde al consejo proponer al presidente de la República el nombramiento de los jueces y procuradores, en cuyo caso el consejo es presidido por el ministro de Justicia, quien concurre sin voto. También corresponde al consejo la función disciplinaria respecto de los jueces. En tal función es presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. El artículo 124, inciso 1, señala que los jueces no pueden ser promovidos, trasladados ni sancionados sino por el Consejo Superior de la Magistratura, en los términos señalados en la ley.

Fuera del continente europeo podemos consultar también el sistema vigente en Sudáfrica establecido por la Constitución post apartheit de 1993. Esta Carta establece un consejo de la judicatura con el nombre de Judicial Service Commission (artículo 105), que se integra con el presidente de la Corte Suprema; con el presidente de la Corte Constitucional, con un juez presidente, designado por los restantes presidentes de los tribunales ordinarios; con el ministro responsable de la administración de justicia, o su representante; con dos procuradores (advocates) y dos abogados en activo (attorneys), electos por sus respectivos gremios; con un profesor de derecho, nombrado por los decanos de las escuelas de derecho de las universidades sudafricanas; con dos senadores electos por el Senado federal, por mayoría de dos tercios, cuando menos; con cuatro procuradores o abogados en activo, nombrados por el presidente de la República, en consulta con el gabinete. Cuando se tratan cuestiones relacionadas con la competencia de las salas provinciales de la Corte Suprema, también deben formar parte del consejo el juez presidente de la sala respectiva y el primer ministro de la provincia. El consejo tiene como funciones esenciales formular recomendaciones para la designación, destitución, duración en el cargo y situación de los jueces de la Corte Suprema. De manera específica, el presidente de dicha corte (Chief Justice) es designado por el presidente de la República con aprobación del gabinete y previa consulta con el consejo; los jueces restantes de esa Corte son nombrados igualmente por el presidente de la República con la asesoría (advice) del consejo. Corresponde al consejo formular también recomendaciones para la remoción de los magistrados de la Corte Constitucional, así como asesorar a los gobiernos nacional y provinciales en todas las materias relativas a la administración de justicia[2].

Como puede advertirse, en ninguno de los modelos europeos y sudafricano examinados aparece claramente definida una atribución semejante a nuestra la evaluación de la idoneidad y desempeño[3] tal como figura expresada en la Constitución Neuquina, si entendemos por tal un modelo de contralor personal sobre los operadores del sistema de justicia.

Ello es perfectamente explicable si hablamos de mayoría de organismos compuestos mayoritariamente por miembros del propio poder judicial y si pensamos los modelos conforme al sistema político del cual provienen: El Parlamentario. Si allí el perfil de los Consejos pasa por salvaguardar la independencia del Poder Judicial, hasta del propio Poder Judicial, como en España, no será lógico encontrar facultades inherentes al desempeño y la idoneidad más que circunscriptas a lo estrictamente sancionatorio. La excepción la representaría Portugal, si entendemos que la función asignada por vía reglamentaria a los auditores de “colectar información sobre el servicio y los méritos de los jueces” implica un modo de control semejante a nuestras evaluaciones.

Los perfiles expuestos, además, nos arroja la siguiente información sobre lo esencial del sistema europeo:

1. Son organismos composición mixta sin predominio de la representación política en su seno.

2. Son organismos “constitucionales, colegiados y autónomos” [4]. Por tanto, invariablemente son externos al controlado.

3. En la designación de sus miembros, salvo aquellos “de derecho” fijados por las mismas constituciones, tiene intervención exclusiva el Parlamento.

4. Tienen una finalidad superior primordial declarada: Salvaguardar la independencia de los jueces.

5. Se confía a los propios miembros del Poder Judicial la labor de custodiar la independencia de los jueces ya que excepto el caso de Portugal son mayoría en los cuerpos.

Este último aspecto es un tema central en estos sistemas, de actual y profundo debate en países como Italia y Francia y que lo fuera recientemente en España ya que es donde, por así decirlo, el sistema afronta sus mayores contradicciones que pasan básicamente, por admitir o no si los propios jueces son buenos controladores de sí mismos.

b. Modelos latinoamericanos:

Como se adelantó, en todos los casos en que se considere la existencia de consejos de la magistratura en países latinoamericanos, hay que tener en cuenta un dato esencial: El instituto, en términos de tradición constitucional, debe ser tenido como un injerto, ya que implica traer al sistema presidencialista imperante, basado en la división de poderes, una institución propia de los sistemas parlamentarios donde impera el concepto de “ramas” del Estado.

En ese sentido ha dicho el Dr. José Raúl Heredia[5] que “…Interesa localizar los orígenes de la institución. En tal sentido, empiezo por dar la razón al Dr. Alberto Antonio Spota; en forma muy breve, recuerdo lo que él afirmó: "El consejo de la magistratura integra e integró siempre, desde que se lo conoce en la Europa continental, un sistema político caracterizado por un conjunto de estructuras que le son coetáneas, y además que lo condicionan". Agregaba que el Consejo -y los antecedentes que lo configuraron- se da en determinada época, en función de ciertas circunstancias y en ciertos lugares de la tierra. Concluía en que el Consejo de la Magistratura es una institución absolutamente ajena al sistema político de distribución de poderes a la manera norteamericana, que es la muestra, y a su esencia, pues el Consejo corresponde a estructuras en las cuales el juez administra justicia, y nada más. Entre nosotros, los jueces administran justicia y tienen capacidad de control de constitucionalidad, lo que los hace un Poder Judicial (ibíd.)…”.

En América Latina los consejos de la magistratura han tomado vuelo propio (más bajo o más alto, según el acierto o desacierto en conformarlos) y necesariamente tuvieron que distanciarse de sus modelos europeos por la matriz presidencialista de sus constituciones y, sobre todo, por una tradición política esencialmente distinta.

El detalle es el siguiente:

Interpretando los datos que arroja el cuadro precedente, el mismo nos da lo siguiente:

a) Sobre 20 países examinados (excluyendo Canadá) 6 países mantienen apegados al sistema presidencialista estricto de cuño federal norteamericano y no contemplan en sus sistemas la existencia de consejos de la magistratura: (Chile, Cuba, Honduras, Nicaragua, Uruguay y Venezuela).

b) Entre los 14 países cuyos sistemas constitucionales incorporan consejos de la magistratura (o judicatura), se observa lo siguiente:

- 10 pertenecen al Poder Judicial (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala Haití y Panamá).

- 4 son autónomos o externos al Poder Judicial (El Salvador, Paraguay, Perú, y República Dominicana).

- Dentro de los organismos que pertenecen al Poder Judicial, todos excepto Argentina, Bolivia y Ecuador tienen asegurada, a su vez mayoría de miembros del este poder en su composición. En el último caso, es de destacar, los miembros del Consejo deben ser elegidos por el pueblo sobre candidatos propuestos por el Congreso no necesariamente jueces.

- Dentro de los organismos que no pertenecen al Poder Judicial en ningún caso los órganos están compuestos por mayoría de miembros de este Poder, y solo uno admite la mayoría del sector político (República Dominicana), aunque en este modelo el Consejo solo para seleccionar candidatos de la Corte Suprema.

- Dentro de los diez organismos dependientes del Poder Judicial cinco tienen asignada la función de evaluar la idoneidad y desempeño (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Guatemala).

- Dentro de los organismos autónomos (4 en total), dos tienen claramente asignada la función de evaluar la idoneidad y desempeño (El Salvador y Perú).

- Sobre el total de organismos, el 50% (7) tiene asignada la facultad de evaluar la idoneidad y el desempeño de los magistrados.

III. Los modelos de evaluación en el derecho público argentino. Diferencias, analogía y similitudes [arriba] 

Si bien existe un Consejo de la Magistratura en la Constitución Chaqueña de 1957, la incorporación masiva de este órgano en las constituciones provinciales se dio desde fines de la década del 80 y principios de los 90. Ello ha dado lugar a un verdadero mosaico institucional.

Este mosaico, no obstante, tiene un tinte predominante: La mayoría absoluta de los consejos no propone, selecciona ni designa a los miembros de los Tribunales Superiores. Las excepciones son la Provincia del Chaco-[6], Tierra del Fuego y Río Negro[7] donde ya sea los consejos ordinarios o un consejo especial, proponen a los candidatos al Poder Ejecutivo. Esto quiere decir que los miembros de los superiores tribunales siguen siendo en su mayor parte designados bajo criterios eminentemente políticos.[8] La Provincia del Neuquén no resulta ser la excepción.

Los modelos provinciales pueden ser expuestos para su mejor comprensión, siguiendo el siguiente esquema que, a su vez, muestra sus perfiles principales[9]:

1. Rango institucional:

- En 20 jurisdicciones tienen rango constitucional (Formosa, Neuquén, La Pampa, Corrientes, Mendoza, Entre Ríos[10], Chaco, Salta, San Juan, Santiago del Estero, Santa Cruz, Buenos Aires, Río Negro, Misiones, La Rioja, San Luis, Tierra del Fuego, Capital Federal, Tucumán[11] y Chubut).

- En 3 jurisdicciones no tienen rango constitucional (Catamarca, Córdoba y Santa Fe)[12].

2. Composición y grado de representantes políticos:

- Buenos Aires: Total 18: seis representantes del Poder Legislativo, cuatro del Poder Ejecutivo, cuatro de los jueces y cuatro de los abogados Políticos: 55,5%. No políticos 44,5%.

- Capital Federal: Total 9: tres por la legislatura, tres jueces del Poder Judicial de la Ciudad y tres abogados. Políticos: 33,3%. No políticos: 66,7%.

- Catamarca: Total 9: tres representantes del Poder Judicial, dos representantes Poder Ejecutivo, dos representantes de Diputados y dos representantes del colegio. Políticos: 44,4%. No políticos: 55,6%.

- Chaco: Total 7: dos jueces, dos diputados, dos representantes de los abogados, un representante Poder Ejecutivo. Políticos: 43%. No políticos: 57%.

- Chubut: Total 14: Un integrante del Superior Tribunal de Justicia, tres magistrados, cuatro abogados, un empleado no abogado del Poder Judicial y cinco ciudadanos no abogados y no empleados judiciales. Políticos: 36%. No políticos: 64%

- Córdoba: Total 9: un miembro del Supremo Tribunal de Justicia, El Ministro de Justicia, un legislador, el Fiscal General, un miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, dos magistrados o funcionarios del Poder Judicial y dos abogados. Politicos: 22,2%. No políticos: 77,8%

- Corrientes: Total 5: Presidente Superior Tribunal de Justicia, Fiscal de Estado, un magistrado o integrante del ministerio publico, un abogado y un profesor titular de una universidad pública de Derecho. Políticos: 20%. No políticos: 80%.

- Entre Ríos: Total 10: dos Asociación de Magistrados; dos del Colegio de Abogados; dos Académicos universitarios; dos representantes de las ONG'S acreditadas en la provincia; uno del Gremio de los Empleados Judiciales y el Subsecretario de Justicia de la Provincia. Político: 10%. No políticos: 90%.

- Formosa: Total 9: Presidente Superior Tribunal de Justicia, Fiscal de Estado, Ministro de Gobierno, Procurador General, tres representantes del Poder Legislativo, un representante Consejo Profesional de la Abogacía y un juez. Políticos: 55,5. No políticos: 44,5%.

- La Pampa: Total 4: un representante del Superior Tribunal de Justicia, uno del Poder Ejecutivo, uno del Poder Legislativo y un abogado. Políticos: 50%. No políticos: 50%.

- La Rioja: Total 8: un miembro del Tribunal Superior de Justicia, tres Diputados, dos representantes Del Poder Ejecutivo, un representante de los jueces inferiores y un abogado. Políticos: 62,5%. No políticos: 37,5%.

- Mendoza: Total 7: dos representantes de la Federación de Colegios de Abogados, dos diputados, un representante de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado del Poder Judicial y un representante Poder Ejecutivo. Políticos: 43%. No políticos: 57%.

- Misiones: Total 7: dos diputados, dos abogados, un representante del Poder Ejecutivo, uno de los Magistrados y Funcionarios y un miembro del Superior Tribunal de Justicia. Politicos:42,8%. No políticos: 57,2%.

- Neuquén: Total 7: uno del Superior Tribunal de Justicia, cuatro del Poder Legislativo y dos abogados. Políticos: 57,1%. No políticos 42,9%.

- Rio Negro: Total 8: dos representantes del Poder Judicial, tres del Poder Legislativo y tres del Colegio de abogados. Políticos: 37,5%. No políticos: 62,5%.

- Salta: Total 9: un juez de la Corte de Justicia, un juez representante de los jueces inferiores, un representante del Ministerio Publico, tres abogados, tres representantes de la Cámara de Diputados. Políticos: 33,3%. No políticos: 66,7%.

- San Juan: Total 5: dos abogados, un legislador provincial, un miembro de la Corte Suprema y un representante del Poder Ejecutivo. Políticos: 40%. No políticos: 60%

- Santiago Del Estero: Total 9: tres representantes del Poder Judicial, tres abogados, tres representantes del Poder Legislativo. Políticos: 33,3%. No políticos: 66,7%.

- Santa Cruz: Total 7: un miembro del Superior Tribunal de Justicia, un diputado, un representante del Poder Ejecutivo, uno del Poder Judicial, uno de los empleados de la justicia, uno de abogados y un representante del pueblo. Políticos: 43%. No políticos: 57%.

- San Luis: Total 10: Un miembro del Superior Tribunal de Justicia, tres magistrados, dos legisladores provinciales, tres abogados, un ministro del Poder Ejecutivo. Políticos: 30%. No políticos: 70%.

- Tierra Del Fuego: Total 7: Un integrante del Superior Tribunal de Justicia, el Fiscal de Estado, un representante del Poder Ejecutivo, dos Legisladores Provinciales y dos abogados. Políticos: 57,1%. No políticos: 42,9%.

3. Remuneración de los miembros:

- Remunerados: En 3 jurisdicciones (Capital Federal, Neuquén y Santa Cruz).

- Ad-honorem: En 19 Jurisdicciones (Mendoza, Catamarca, Corrientes, Formosa, La Pampa, Entre Ríos, Chaco, Salta, Santiago del Estero, San Juan, San Luis, Río Negro, Córdoba, Misiones, La Rioja, Buenos Aires, Tierra del Fuego y Chubut).

4. Como se designan los consejeros:

- Catamarca: Cada estamento con excepción del presidente de la Corte y el Procurador General que son aquellos que desempeñan dichos cargos y el representante del PJ que es elegido por los magistrados y funcionarios del PJ.

- Corrientes, Tierra Del Fuego: Cada estamento con excepción Fiscal de Estado.

- Entre Ríos: Cada estamento, salvo el Subsecretario de Justicia.

- Chaco: Cada estamento, salvo el Ministro de Justicia.

- Rio Negro: Cada estamento, salvo los representantes del Poder Judicial.

- Córdoba: Cada estamento, salvo Ministro de Justicia y Fiscal General.

- Salta, San Juan, Santiago Del Estero, Santa Cruz, Mendoza, Neuquen, Buenos Aires, La Pampa, Misiones, La Rioja, San Luis, Formosa, Capital Federal y Chubut: Cada estamento.

5. A qué Poder elevan los candidatos elegidos o ternas:

- Elevan al Poder Ejecutivo: 13 jurisdicciones (Catamarca, Corrientes, Mendoza, Santa Cruz, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Salta, Santiago del Estero, Buenos Aires, Misiones, San Luis y Tierra del Fuego).

- Elevan o remiten a la Legislatura: 7 jurisdicciones (Chaco –salvo para los miembros del Tribunal Superior de Justicia); Rio Negro y Capital Federal -remiten directamente el nombre del candidato ganador del concurso-, La Rioja, Formosa, San Juan- elevan al Poder Legislativo una nómina de postulantes- y Chubut y Neuquén donde los Consejos designan a los ganadores de los concursos y la Legislatura le presta o no acuerdo).

6. Qué cargos seleccionan y designan:

- Mendoza, Catamarca, Entre Ríos: Solo Jueces de Cámara, de 1° Instancia y Ministerio Público.

- Corrientes: Concursan los cargos judiciales, salvo Ministros del Superior Tribunal de Justicia.

- Formosa: Concursan todos los cargos salvo Superior Tribunal de Justicia, Procurador General y Tribunal Electoral.
- La Pampa: Concursan todos salvo Superior Tribunal de Justicia.

- Chaco: Propone la designación y traslado de Jueces del Superior Tribunal de Justicia, Jueces inferiores y funcionarios del Ministerio Público.

- Salta: Concursan magistrados inferiores del Poder Judicial, Jueces de Paz Letrados y funcionarios del Ministerio Publico, salvo el Procurador General, el Defensor General y el Asesor General de Incapaces.

- Santiago Del Estero: concursan magistrados de Tribunales Inferiores e integrantes del Ministerio Público, excepto el Fiscal General, del Defensor General e integrantes del Superior Tribunal de Justicia.

- Santa Cruz: Solo Magistrados de Cámara, de 1° Instancia, exceptuados los Ministerios Públicos y el Superior Tribunal de Justicia.

- Neuquén: Todos los jueces y funcionarios del Ministerio Publico, excepto los miembros del Tribunal Superior de Justicia, su Defensor y Procurador.

- Córdoba: Solo designación de Magistrados de los Tribunales inferiores de la Provincia, integrantes del Ministerio Público Fiscal, Asesores Letrados con excepción del Fiscal General, Fiscales Adjuntos y de los Jueces de Paz Legos.

- Buenos Aires: Todos los cargos menos para la Corte y Procuración General.

- Misiones: Concursan todos los magistrados y Funcionarios que requieran acuerdo legislativo para el cargo, Defensores, Fiscales, Jueces y Vocales de Cámara, salvo Ministros del Tribunal Superior que son propuestos por el Gobernador.

- La Rioja: Únicamente concursan los cargos de jueces inferiores y miembros de los Ministerios Públicos.

- San Luis: No concursan los miembros de la Corte Provincial ni el Procurador General, cabeza del Ministerio Público.

- Rio Negro: Elige a todos los miembros del Poder Judicial salvo a los miembros del Superior Tribunal y del Procurador.

- Tierra Del Fuego: El Consejo elige todos los miembros del Poder Judicial, miembros del Superior Tribunal, jueces de primera y segunda instancia y al miembro abogado del Tribunal de Cuentas.

- San Juan: Elige a magistrados judiciales, titulares del Ministerio Público y Fiscal de Estado.

- Capital Federal: Elige a los magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio Público.

- Chubut: Concursan todos salvo Superior Tribunal de Justicia, el Procurador General y el Defensor General.

7. Impugnaciones:

- Se prevén: 11 jurisdicciones. (Corrientes, Mendoza, Formosa, Catamarca -solo el orden de merito-, Salta (los antecedentes), San Juan y Neuquén –mediante recursos administrativos y respecto de las designaciones, mediante acciones judiciales directas). Bajo la forma de reconsideraciones: Córdoba, Misiones, Santa Cruz, Santiago del Estero, Capital Federal,

- No se prevén: 9 jurisdicciones. La Pampa, Entre Ríos, Chaco, Buenos Aires, Río Negro[13], La Rioja, San Luis, Tierra del Fuego y Chubut.

IV. Lo singular del modelo neuquino y sus probables implicancias constitucionales. Conclusiones [arriba] 

El Consejo de la Magistratura de la Provincia del Neuquén, es un órgano colegiado, extrapoder y de control que fue incorporado a la Constitución Provincial en la reforma de 2006.

Sus competencias se encuentran concretadas, principalmente, en el art. 251 de la Constitución Provincial -a la que llama “funciones”- y desarrolladas en la Ley Provincial Nº 2533 y en las normas reglamentarias dictadas por el Consejo de la Magistratura en base a la habilitación que, en última instancia, efectúa la propia Carta.

Este subsistema jurídico, en función de dichas competencias, habilita al Consejo a desplegar sobre los operadores principales del sistema judicial (jueces, fiscales, defensores y en parte a otros funcionarios), una gama de atribuciones, cuyo denominador común resulta ser el control, que se manifiesta de manera mediata en la selección y designación de jueces, defensores y fiscales “…mediante la realización de concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición…” y de manera más intensa en la facultad de “…Periódicamente evaluar la idoneidad y desempeño de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial…”.

Dichas competencias, a su vez, determinan que el Consejo se manifieste a través de actos administrativos , de reglamentos y de actos institucionales y que los mismos tengan lugar en marcos procedimentales especiales, si estamos a la nomenclatura usada por la Ley Nº 1284, como es el caso de los procedimientos que regulan la selección y designación de magistrados y miembros del Ministerio Público, y los que regulan los procedimientos de evaluación periódica de idoneidad y desempeño de magistrados y funcionarios judiciales.

Ahora se analizará en qué se parece o difiere el modelo adoptado por nuestra Constitución Provincial con otros del derecho comparado y del derecho público argentino, adelantando que nuestro Consejo resulta ser muy singular en cuanto a su conformación y competencias.

a) Con modelos del derecho comparado

De lo observado en el derecho comparado, y salvadas las diferencias, se concluye que en torno a la asignación de facultades de evaluar la idoneidad y desempeño de magistrados y funcionarios judiciales y al carácter en sí del órgano (externo o interno) los modelos que más semejanzas guardan con el adoptado por la Constitución Neuquina, son dos: El Salvador y el Perú, aunque en este caso la facultad de evaluación de idoneidad y desempeño se explica antes todo por el carácter periódico de los cargos judiciales existentes en el país incaico.

Fuera de estas dos características, ni siquiera respecto de estos modelos en nada se parece el adoptado por nuestra constitución a otros de su especie.

Por ejemplo, en El Salvador y Perú los consejos estos se conforman de manera predominantemente estamentaria sin mayoría judicial y no permiten la representatividad política. En el caso del Perú el órgano tiene también asignadas facultades disciplinarias.

Fuera de estos dos casos, pero ya hablando de modelos de control interno al Poder Judicial, en solo dos casos más existe la facultad de evaluar la idoneidad y el desempeño: Ecuador (Constitución de 2008) y Bolivia (Constitución de 2009).

Fuera de estas semejanzas, realmente no hay paralelos para comparar las disposiciones de la Constitución Provincial.

b) Con modelos del derecho público argentino

De lo observado en el derecho público argentino, prácticamente se repite la situación anteriormente visualizada al analizar las constituciones internacionales: No hay similitudes entre el modelo que emerge de la Constitución del Neuquén y el del resto del país.

Notas [arriba] 

[1] Abogado y Notario (U. N. del Litoral). Especialista en Derecho Administrativo (U.N. del Comahue). Especialista en Derecho Ambiental y Protección del Patrimonio Cultural (U.N. del Litoral). Magister en Derecho del Urbanismo (Univ. de Limoges – Francia). Funcionario de la Provincia del Neuquén desde 1987 con desempeño en áreas como Minería, Ambiente y Recursos Naturales y Seguridad Ciudadana. Asesor Ad-honorem en la Cámara de Diputados de la Nación. Integró la Comisión de Reforma de la Constitución Provincial creada en el año 2005. Fue asesor de la Convención Constituyente de la Provincia del Neuquén (2005-2006). Actualmente se desempeña como Asesor del Consejo de la Magistratura de dicha Provincia. Es docente en las cátedras de Introducción al Derecho y Recursos Naturales en la Universidad Católica de Salta sede Neuquén.
[2] Fix-Zamudio, Hector y Hector Fix-Fierro, El Consejo de la Judicatura, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1996, 05/09/2001, Cuadernos para la Reforma de la Justicia (Núm. 3), Formato html, Disponible en Internet: http://www.bi bliojuridi ca.org/libros /libro.htm?l= 86, ISBN 968-36-5137-2.
[3] Aunque en el sistema Portugués se habla entre las competencias del Conselho da Magistura de: “…apreciar o mérito profissional”.
[4] Ej: Portugal.
[5] HEREDIA, Jose Raúl: “REFLEXIONES EN TORNO A LOS CONSEJOS DE LA MAGISTRATURA A PROPÓSITO DE LOS DIEZ AÑOS DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT”, consultar en página web: ttp://www.conm agchubut.go v.ar/arti culos/here dia.htm.
[6] Art. 158 de la Constitución chaqueña.
[7] En esta Provincia la selección de los candidatos para el Tribunal Superior de Justicia está a cargo de un Consejo Especial presidido por el Gobernador (Art. 204 Const. Prov. R.N). El sistema prevé el funcionamiento de dos consejos: El nombrado, con ese único cometido y el Consejo de la Magistratura cuyo cometido es designar a los demás magistrados y funcionarios.
[8] Ponce, op. cit. pág. 63.
[9] Se sigue en parte el esquema detallado expuesto en: http://www.fam.org.ar/FAM.asp?id=290.
[10] Este órgano fue constitucionalizado en el año 2008. Antes existía con la particularidad de haber sido creado mediante Decreto Nº 39/03 y su carácter de “…órgano asesor permanente del Poder Ejecutivo…” fue mantenido también en la Constitución (Fuente: http://www.entrerios.gov.ar/magistratura/dec39_03.pdf)1933 (una de las más antiguas de la Argentina sin reformar desde su sanción), que se sancionó en el año 2008. Antes existía con la particularidad de haber sido creado mediante Decreto Nº 39/03 y su carácter de “…órgano asesor permanente del Poder Ejecutivo…” fue mantenido también en la Constitución (Fuente: http://www.ent rerios.gov.ar/ magistratur a/dec39_03. pdf). La actual constitución entrerriana establece en su Sección V, Capítulo IV, artículos 180, 181 y 182, al Consejo de la Magistratura, como “…órgano asesor permanente del Poder Ejecutivo, con competencia exclusiva para proponerle, previa realización de concursos públicos y mediante ternas vinculantes, la designación en los cargos que correspondan de los magistrados y los funcionarios de los Ministerios Públicos del Poder Judicial”.
[11] En este caso, es de comentar que en la Constitución de 2006 se lo incluyó en el inciso 5° del artículo 101 dentro de las Atribuciones del Poder Ejecutivo. En tal sentido la cláusula dice que a este Poder le compete: "nombrar los jueces de primera instancia, de las Cámaras, defensores y fiscales, el Poder Ejecutivo organizará un consejo Asesor de la Magistratura, cuyo dictamen será vinculante y que tendrá como criterios rectores en la selección de candidatos, los siguientes: concursos de antecedentes y oposición, entrevistas y opiniones vertidas por la ciudadanía acerca de los candidatos propuestos, para lo cual deberá habilitarse un período de impugnación". Esta norma que fue declarada inconstitucional en Febrero/2008 por la Sala II A. de esta Cámara, en una causa promovida por el Colegio de Abogados de Tucumán, sentencia que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en sentencia del 8-9-2008. Por el motivo antes referido, el Poder Ejecutivo no llegó a constituir el C.A.M., ya que hubo una medida cautelar dictada por la Sala II A., a pedido del Colegio de Abogados al iniciarse la causa. Como vemos, el órgano insinuado por la Constitución no pasa de ser un órgano de selección sin poder decisorio y su alcance subjetivo no llega a los miembros del Tribunal Superior de Justicia ni del Ministerio Público.
[12] Si bien es de notar que en la Provincia de Santa Fe, cuya constitución al día de la fecha es la segunda más antigua del País sin modificarse (desde 1962), rige un decreto del Poder Ejecutivo Provincial mediante el cual se autolimita en sus facultades para proponer los pliegos de Magistrados al acuerdo de la asamblea legislativa. Según el artículo 86 de la Constitución Provincial los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los vocales de las cámaras de apelación y los jueces de primera instancia son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa. Para ello se ha implementado un órgano consultivo que solo interviene en las designaciones el que no posee una representación de distintos estamentos pues está configurado como una labor administrativa de la Secretaría de Justicia (el Secretario lo Preside). La única representación está en los dos niveles de evaluación. Existe una evaluación técnica de los postulantes inscriptos (Colegio evaluador) donde interviene un representante del Colegio de Magistrados y Funcionario, uno de los Colegios de Abogados y uno de las Universidades Nacionales con sede en la Provincia de Santa Fe (UNR y UNL). Luego existe una evaluación y entrevista pública (Colegio Entrevistador) donde se pondera la vocación de apego a los principios democráticos y republicanos de los primeros tres postulantes (según orden de mérito obtenido en la evaluación técnica); este último colegio lo integra el Secretario de Justicia y un representante de cada Universidad Nacional con sede en la Provincia (dos en total). Desde luego que esto se aplica exclusivamente para la designación de jueces inferiores estando excluidos los miembros de la Corte Suprema y demás funcionarios como los integrantes del ministerio público, etc. que son designados por decreto del Poder Ejecutivo a propuesta de la Corte.
[13] En esta jurisdicción existen claros criterios jurisprudenciales no solo sobre el carácter irrevisable de los actos del Consejo de la Magistratura, sino también sobre su propia naturaleza institucional, criterios que creo conveniente transcribir, ya que estimo que los mismos en su mayor parte son predicables de nuestro Consejo, a pesar de que éste haya decidido a través de una norma reglamentaria -ya comentada- conferir carácter revisable a sus decisiones. Así, Tribunal Superior de Justicia de la vecina Provincia, ha dicho que “…El Consejo de la Magistratura goza de una naturaleza diferente y atípica, que produce un acto que no es administrativo, ni legislativo, ni judicial, sino el propio de la designación de los integrantes de uno de los tres Poderes del Estado, a cuyos otros dos el elector resulta ser el Pueblo…Los actos del Consejo de la Magistratura son institucionales, no jurisdiccionales ni administrativos; y el juzgamiento que practica es político, ya que es un órgano extrapoder sin facultades jurisdiccionales…La Constitución de la Provincia establece para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial un procedimiento indirecto de designación y remoción, mediante un Consejo de la Magistratura que a la vez es juzgador institucional y político del desempeño de aquéllos, y con ajenidad a una competencia jurisdiccional o administrativa…” (STJRNCO: SE. 42/99: "CONSEJO DE LA MAGISTRATURA IIIa. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL C/CAMARA DEL TRABAJO DE SAN C. DE BARILOCHE S/CONFLICTO DE PODERES", (03-11-99). Este criterio es seguido en el orden federal no solo por la Ley Nº 24.937, que declara expresamente la irrecurribilidad de las decisiones del Consejo de la Magistratura en la selección de los jueces, sino también por CSJN (“Carranza Latrubesse, Gustavo s/ acción de amparo.” (C 172. XXXVIII) fallada el 23 de Mayo de 2006. En esta causa, haciendo suyas consideraciones del Procurador la Corte dijo, entre otras cosas que dicha disposición era adecuada: “…en función de las características de este sistema, que se desarrolla en un marco de discrecionalidad reconocido por la ley…” y que: “..Este principio sólo debería ceder ante una grave violación de las formas sustanciales del procedimiento o arbitrariedad manifiesta..”. Asimila la solución dada a este caso (adversa a la demanda) con la adoptada en el caso "Moline OConnor, Eduardo s/ remoción" donde en materia de remoción se estableció que no era revisable el temperamento del órgano competente, salvo grave afectación del derecho de defensa. Esta regla es seguida en los siguientes fallos que en dicha causa se recuerdan: Fallos: 235:337; 320:2298, 14:1234; 317:40, etc.