La Democracia Constitucional a 30 años de su recuperación

Jorge Horacio Gentile*

Tengo el honor de pertenecer a la generación que trabajó y logró el restablecimiento de la Democracia Constitucional en 1983, luego que nuestro país padeciera 6 golpes militares de estado durante el siglo XX, que hicieron posible otros tantos gobiernos –de facto-,  a cargo de militares y con la colaboración de civiles. Como consecuencia de ello el Congreso de la Nacional, la expresión más viva de la Democracia y la institución más importante de la República, estuvo clausurado en esa centuria durante 23 años, 2 meses y 18 días.

A sabiendas que la democracia, o sea “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, además de una “forma” de gobierno, “representativa republicana federal” -como la adoptada en 1853 por nuestra Constitución -; es, además, un ideal a realizar; nos parece necesario, que junto con la nueva generación, nacida a la vida cívica en las últimas tres décadas, debatamos un balance para evaluar los avances y reconocer  y corregir los defectos y retrocesos ocurridos en este tiempo.

Lo positivo

En el haber puedo proponer para este debate anotar una decena de logros relevantes -sin descartar otros-, como son:

1. La continuidad institucional y las elecciones libres con las que se  eligieron en forma regular a los representantes del pueblo; se hizo, además, una consulta popular en 1985 sobre el tratado del Beagle; y se reglamentó y se hicieron elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en 2011 y 2013, y en la última votaron el 76.83% del padrón  electoral. Todo ello se dio a pesar de que hubo intentos de golpes militares; graves crisis políticas, sociales y financieras; cacerolazos y otras protestas, algunas con cortes de tránsito o con saqueos y violencia.

2. Avanzar en el respeto y garantía de los derechos humanos y la no discriminación de mujeres, menores, discapacitados, homosexuales, indígenas. inmigrantes y personas vulnerables.

3. Aumentar y estimular el protagonismo de la mujer en la vida social y política, con leyes como: la de cupo por sexo en las candidaturas a cargos políticos, la que agrava los delitos de feminicidio o la violencia de género y se aprobó la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer firmada en 1979.

4. Avanzar en garantizar los derechos sociales y de auxilio a los sectores más postergados, con planes sociales y subsidios. Se amplió el número de personas jubiladas y pensionadas y los beneficiarios de los servicios de salud pública y de las obras sociales.

5. Se incluyó en el sistema educativo estatal y privado a gran parte de la población, con la creación de nuevas escuelas, centros de perfeccionamiento y universidades, respetando su autonomía, y se estimuló la investigación científica. Se aumentaron los presupuestos de Educación.

6. Se sometió a la justicia y se condenó a militares y civiles responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar, y se terminó con la violencia política que imperó en las dos décadas anteriores a 1983, donde se multiplicaron la eliminación y desaparición de personas, las torturas, los atentados terroristas, la existencia de organizaciones guerrilleras (como Montoneros o ERP) o para - militares (como la Triple A y el Comando de las Américas) y la existencia campos de entrenamiento dentro y fuera del país (como en Panamá, Cuba o la URSS), en el marco de la guerra fría. Se recuperaron 114 nietos nacidos durante el cautiverio de sus padres.

7. No se declaró el estado de sitio y la intervención de las provincias, salvo en muy pocos casos, como era habitual y casi permanente antes de 1983;

8. Se reformó la  Constitución Nacional en 1994, con la intención negativa de reelegir a Carlos Menem, pero se incorporaron a su texto: nuevos derechos y garantías, se le dio jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, se estableció la elección directa presidencial y de los senadores, se les dio autonomía a los municipios y se creó la defensoría del pueblo (ahora vacante desde hace 5 años), entre otras nuevas cláusulas consideradas positivas.

9. Se creó la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, se dictó su Constitución y se reformaron la de casi todas las provincias y se dictaron muchas cartas orgánicas municipales. Se dio un status especial a la ciudad autónoma de Buenos Aires, que  dictó su Constitución que la convirtió en algo más que un municipio y algo menos que una provincia.

10. Hubo un crecimiento significativo de la economía y del comercio exterior, especialmente después de la crisis del año 2001, y se creó en 1991 el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y, ahora, Venezuela.

Lo negativo

En el debe podemos anotar otros diez lamentables retrocesos, que no son los únicos, pero que es imprescindible corregir y superar, como son:

1. El confundir populismo con democracia, que no se agota con la realización de elecciones. A los populistas poco les importa la vigencia de la Constitución; porque, interpretan, que la voluntad popular, no se refleja en la Ley Fundamental, sino que está delegada en quién ejerce el Poder Ejecutivo, y, por ello, su titular puede obrar con las instituciones de la república (Congreso y Justicia) y con la sanción y aplicación de las leyes como mejor le plazca, distorsionando –además- estadísticas (como ocurrió en el INDEC) y negando el acceso a la información pública.

2. Ello ha hecho que muchas leyes sean dictadas por el Presidente, a través de decretos de necesidad y urgencia, o invocando facultades delegadas por el Congreso, sin que hayan sido debatidas en reunión de gabinete, como exige la Constitución.

3. Esto, a más de la sumisión de los legisladores oficialistas a las indicaciones del Ejecutivo, la omisión reiterada del jefe de gabinete de informar mensualmente a las cámaras, y la negativa a utilizar los mecanismos del juicio político (caso Amado Boudou), han convertido al Congreso en una “escribanía”, donde casi no hay debates ni se elaboran consensos. Las candidaturas testimoniales, la “borocotización” de algunos parlamentarios y el uso de las bancas como trampolín para alcanzar otros cargos ha contribuido a desprestigiar al Poder Legislativo.

4. El debilitamiento del Poder Judicial federal, producido por haber muchos cargos vacantes; por la designación de jueces, conjueces y fiscales por ser fieles al oficialismo; por haberse dictado leyes inconstitucionales invocando el propósito de “democratizar la Justicia”, pero con la intención de favorecer al gobierno de turno; por las presiones que se hacen para imponer los criterios presidenciales en las decisiones de los tribunales y del Consejo de la Magistratura; y por no acatar dispuesto por las sentencias (como la que ordena reponer al procurador fiscal Eduardo Sosa en Santa Cruz).

5. Los partidos políticos han dejado de funcionar como instituciones que conectan a la sociedad con el gobierno; donde se debaten ideas y programas; donde se asumen y comienzan a procesar conflictos sociales; y donde se educa a los ciudadanos, se forman dirigentes y se promueven a líderes. En muchos casos han sido reemplazados por los aparatos estatales, haciendo uso de la práctica del clientelismo. Los “militantes” y “punteros” son conchabados como empleados públicos (“ñoquis”, “asesores” y “consultores”), las cuotas partidarias se descuentan por planilla, los contratistas y concesionarios contribuyen a sus finanzas –junto al siempre insuficiente Fondo Permanente Partidario- y la propaganda oficial y los medios de comunicación masivos que disponen esos aparatos están a su servicio (como ocurre con la cadena oficial, las pautas publicitarias, los canales, radios, redes sociales, consultores, etc.). En algunos casos se postulan como candidatos a parientes, para extender el mandato de quién no puede ser reelegido; o figuras del espectáculo para conseguir votos, aunque carezcan de idoneidad política.

6. La subordinación política y financiera de las provincias, algunas de las cuales tienen gobernadores con reelección indefinida y con una suerte de “suma del poder público”, y que dependen política y financieramente del gobierno central; no solo para cubrir los servicios esenciales que tienen que prestar o hacer obras públicas imprescindibles; sino, en algunos casos, para pagar sueldos y jubilaciones. El sistema de coparticipación federal funciona a media y la ley que debería reformarla, según la Constitución reformada en 1994, es imposible que se dicte al exigirse que sea ratificada por todos los gobernadores. Los municipios, en ejercicio de su autonomía, cada día asumen mayores competencias por la cercanía con los electores, pero claman por mayores recursos financieros para cumplir con los cada vez mayores requerimientos que les hace sus vecinos.

7. La concentración del poder en los ejecutivos y el propósito de partir a la sociedad en dos, entre amigos y enemigos (identificando a estos con los militares, Clarín, los buitres, EEUU, etc.), exaltando el odio de los militantes y con ello conseguir apoyo de la opinión pública y de los que votan; y justificar así el ejercicio hegemónico del poder, y utilizar a su servicio el gobierno, el aparato estatal, el presupuesto, el partido y los grupos intermedios y los medios de comunicación adictos.

8. La inseguridad se ha convertido en uno de nuestros más graves males y ha instalado una delincuencia que en muchos casos está respaldada por organizaciones poderosas; como las que manejan el narcotráfico, la trata de personas y el comercio de armas, a lo que hay que agregar la corrupción política, de las fuerzas de seguridad y administrativa. Son caldo de cultivo para que ella no decrezca: el crecimiento de la pobreza, la pérdida de la cultura del trabajo, especialmente entre los jóvenes “ni ni”, y las vacilaciones gubernamentales de cómo tratar a los delincuentes y qué hacer con ellos cuando están presos. A esto hay que sumar las adicciones al alcohol, a las drogas, y a la ludopatía, por la desmedida expansión del juego (bingos y tragamonedas) en todo el país.

9. El esfuerzo para una mayor inclusión y una mejor financiación de la educación no ha sido acompañado con una mejora de su calidad, en todos los niveles, como lo reflejan las estadísticas y encuestas. La gratuidad de las universidades no alcanza para que tengan de alumnos a los hijos de los pobres. Hay algunas actividades donde faltan profesionales, como en algunas ramas de la ingeniería.

10. Faltan políticas públicas que permitan resolver los graves problemas que nos afectan y que nos ayuden a enfrentar los grandes desafíos que nos propone este siglo en materia de educación; salud; empleo; seguridad; infraestructura; concentración poblacional en Buenos Aires, pobreza, economía en negro; presión impositiva; ambiente; y descentralización. Una de las políticas pública que es urgente acordar es la internacional, para recuperar el rol que nuestro país ha perdido y necesita y merece recuperar en este mundo globalizado, para dejar de confrontar, litigar y perder pleitos en tribunales de otros países o internacionales, para despertar confianza y poder acceder a créditos internacionales, para conseguir ayuda para explotar Vaca muerta y resolver el déficit energético, y para que esta política sea ejecutada por una cancillería idónea y profesionalizada, como la que supimos tener, que despierte confianza y nos dé seguridad y prestigio allende nuestra fronteras.

Conclusión

Los logros alcanzados necesitan ser fortalecidos proponiéndonos nuevas metas, que deberíamos alcanzar corrigiendo errores y superando fracasos.

Se impone, entonces, fortalecer la fe democrática, expresada por nuestros constituyentes en la Constitución -principal manifestación de la voluntad popular-; que nos garantiza los derechos humanos, la igualdad ante la ley, la división y limitación del poder; la autonomía del Congreso; la independencia de la Justicia; la actuación de los partidos políticos, y la autonomía de las provincias y municipios.

El “populismo” de moda, que es una degeneración de la democracia, ha hecho creer a algunos que el régimen político recuperado en 1983 se agota con la realización de elecciones, pero poco le importa la vigencia de la Constitución; porque, interpreta, que la voluntad popular, no se refleja en la Ley Fundamental, sino que está delegada en quién ejerce el Poder Ejecutivo, y que, por ello, su titular puede obrar hegemónicamente con las instituciones, los legisladores, los jueces, las provincias, los municipios y los partidos políticos.

Raúl Alfonsín, que ganó las elecciones presidenciales del 30 de octubre de 1983, resumió en sus discursos el ideal democrático, con las palabras del preámbulo, que fijaron los objetivos que todavía tiene esta Nación y que merecen ser repetidas con más frecuencia, como propongo que hagamos en este momento:

“(…) con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo(…)”

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ND: El presente artículo por ser una columna de opinión no fue sometido al proceso de referato.

Córdoba, agosto de 2014.

* Es profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Córdoba y fue diputado de la Nación.