Protección de los derechos de las personas con discapacidad frente a la pandemia ocasionada por el COVID-19

Roberto Cabrera Suárez

El COVID-19 plantea riesgos particulares para muchas personas con discapacidad en todo el mundo. Los gobiernos deben dedicar esfuerzos adicionales a proteger los derechos de las personas con discapacidad mientras responden a la pandemia.

Las personas con discapacidad se encuentran entre las más marginadas y estigmatizadas del mundo, incluso en circunstancias normales. Sin una acción inmediata por parte de los gobiernos para incluir a las personas con discapacidad en su respuesta al COVID-19, seguirán en grave riesgo de infección y muerte a medida que se propague la pandemia.

De hecho, más de mil millones de personas, aproximadamente el 15% de la población mundial, viven con algún tipo de discapacidad. Las personas de edad avanzada, las personas con problemas de salud crónicos o las personas con una discapacidad que, por ejemplo, afectan su capacidad respiratoria, pueden estar particularmente expuestas a los riesgos de enfermedades graves o muerte por infección con COVID-19.

Para otros, tener una discapacidad por sí sola no los pone en mayor riesgo de contagio, pero están en peligro debido a la discriminación y las barreras a la información, los servicios sociales, la atención médica, la inclusión social y la educación.

Frente a una pandemia en rápida evolución, la información es esencial para que las personas tomen decisiones sobre cómo protegerse y cómo acceder a los servicios y satisfacer sus necesidades durante la cuarentena y el autoaislamiento. Los gobiernos a todos los niveles deben proporcionar información precisa, accesible y oportuna sobre la enfermedad, los métodos y servicios de prevención.

Para garantizar que las personas con discapacidad no se vean privadas de información que les salve la vida, las estrategias de comunicación deben incluir interpretación calificada del lenguaje de señas para anuncios de televisión, sitios web accesibles para personas con diferentes discapacidades y servicios telefónicos con recursos de texto para personas sordas o con problemas de audición. Las comunicaciones deben usar un lenguaje simple para maximizar la comprensión.

Los gobiernos también deben considerar las necesidades específicas de las personas con discapacidad al desarrollar estrategias de prevención. Por ejemplo, se deben desarrollar pautas adicionales para el lavado de manos para personas con discapacidades que no pueden lavarse las manos con frecuencia o solas, o que no tienen acceso a agua suficiente para la higiene.

Millones de adultos y niños con discapacidades viven en entornos residenciales segregados y a menudo superpoblados, donde pueden enfrentar negligencia, abuso y atención médica inadecuada. Lamentablemente, el trato abusivo y las malas condiciones en instituciones públicas y privadas en diversos países del mundo atenta contra la seguridad y la salud de cada uno de ellos.

Los gobiernos deben proporcionar a los adultos con discapacidades apoyo y servicios sociales para que puedan vivir en sus comunidades. Dentro de las instituciones, las autoridades deben seguir estándares estrictos de higiene y distancia física y desarrollar políticas para los visitantes que equilibren la protección de los residentes y empleados con las necesidades de los lazos familiares y sociales.

Las personas con discapacidad que viven en el hogar a menudo dependen de los servicios de apoyo social que se brindan en la comunidad para satisfacer sus necesidades diarias básicas, incluidas las comidas y la higiene. Existen serias preocupaciones entre las organizaciones que promueven los derechos de las personas con discapacidad para detener estos servicios. Los profesionales de asistencia y cuidado no tienen equipo de protección personal para minimizar la exposición o propagación de la enfermedad, o están siendo infectados y terminan en cuarentena.

Con políticas que requieren aislamiento social para frenar la propagación del coronavirus, las personas con discapacidades psicosociales, como ansiedad o depresión, pueden encontrarse en situaciones de estrés particular y pueden necesitar servicios adicionales de apoyo de salud mental. De hecho, el autoaislamiento y la cuarentena pueden presentar situaciones estresantes para la mayoría de las personas en general. Las políticas gubernamentales deben garantizar que los servicios provistos en la comunidad continúen y que los programas de apoyo psicológico en situaciones de crisis sean accesibles para todos.

Los niños con discapacidad en muchos países enfrentan barreras para acceder a una educación inclusiva y de calidad. A medida que los funcionarios gubernamentales cierran las escuelas, la educación a distancia en línea ha sido una alternativa implementada. Los niños con diferentes discapacidades pueden ser excluidos si el aprendizaje a distancia no es accesible, incluso a través de estrategias de comunicación y materiales adaptados y accesibles. Los gobiernos también deben garantizar que los materiales accesibles y los planes de lecciones también estén disponibles para los estudiantes que no tienen acceso a Internet. Sin el apoyo del gobierno, los padres o tutores pueden tener dificultades para garantizar que sus hijos tengan acceso a la gama completa de servicios que tienen en las escuelas.

Por otro lado, el COVID-19 puede ser catastrófico en lugares como campamentos de refugiados u otros campamentos temporales, donde las personas viven cerca y a menudo no tienen acceso a los servicios básicos. Las personas con discapacidad en lugares como estos enfrentan serios obstáculos para los servicios básicos como refugio, agua, saneamiento y atención médica.

Según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), los gobiernos deben garantizar los derechos a la información, la salud, la educación y el nivel básico de vida. La CDPD requiere que los gobiernos garanticen la accesibilidad y el alojamiento razonable para las personas con discapacidad y que puedan vivir de forma independiente en la comunidad, con el apoyo necesario.

Finalmente, considero que una de las cosas más importantes que los gobiernos pueden hacer para proteger a las personas con discapacidad durante la pandemia del coronavirus es consultarlas regularmente para garantizar que las políticas públicas satisfagan sus necesidades. Nada nos garantiza que en el futuro puedan surgir otras catástrofes si millones de personas quedan excluidas de una respuesta inclusiva ante el COVID-19 hoy.