Recuperación de la autarquía del Banco Central
Eduardo A. Barreira Delfino
La riqueza de las naciones es hija del respeto de las instituciones y la legalidad, según predicara DOUGLASS C. NORTH (Premio Nobel de Economía 1993).
En su trabajo titulado “Instituciones”, el premiado economista sostenía que las instituciones giran alrededor de las reglas de juego o límites puestos por el hombre para organizar la interacción humana. Las diferencias institucionales entre los países desempeñan un papel importante en los mayores niveles de desarrollo que se alcancen en unos y otros. Las instituciones desempeñan un papel esencial en el crecimiento económico y en la incentivación para crear una estructura productiva.
Los países que enfrentan frecuentes cambios en la Constitución y en las leyes, bajo la creencia de que todo se arregla cambiando las normas, generan preocupantes fenómenos de inseguridad jurídica. Así se resiente la matriz institucional (consistente en la estructura de instituciones interconectadas que constituyen en conjunto, las reglas formales de una economía). Si esa matriz institucional premia a las actividades redistributivas más que a la actividad productiva, luego el aprendizaje tomará la forma de aprender a distribuir sin preocupación por la generación de riqueza.
Vale lo expuesto por el citado Premio Nobel, para afrontar la necesaria recuperación de la autarquía del Banco Central, para proteger el valor de la moneda nacional y ejercer eficientemente la política monetaria con la finalidad de garantizar la estabilidad, procurando una inflación baja que resulte predecible para el accionar del sector público como del sector privado de la sociedad. Sin estabilidad monetaria, resulta imposible proyectarse en el futuro, por ello el constante presente que caracteriza a la actual subsistencia de la población sin excepciones de clases o niveles sociales.
La reforma introducida por la ley 26.739, resultó lamentable, porque diluyó el rol institucional que tiene todo banco central y le quitó la misión primaria y primordial delegada por el Congreso de la Nación, como es la de “preservar el valor de la moneda”. Se trató de una reforma sustancial en el solo beneficio del Poder Ejecutivo nacional con el solo propósito de poder continuar financiando su abrumador déficit fiscal, en detrimento de la evolución de la actividad económica y social.
Diversas doctrinas han examinado cuál es la función primaria y fundamental de los bancos centrales y que es lo que los caracteriza como tales, entre otras instituciones financieras.
Así se ha puesto énfasis en los aspectos siguientes:
• El monopolio de la emisión de billetes.
• La estabilidad del patrón monetario.
• La custodia de las reservas de oro y divisas.
• El control del crédito.
• El rol de prestamista de última instancia.
En la práctica, todas esas funciones primordiales están relacionadas las unas con las otras y se complementan entre sí. Pero puede sostenerse válidamente que una preocupación común de los bancos centrales siempre ha sido y es mantener el equilibrio entre los factores internos y externos, con el propósito de alcanzar y asegurar la estabilidad monetaria como plataforma insoslayable para coadyuvar al desarrollo económico de la sociedad en su conjunto. Sin estabilidad económica se desestabilizan las otras variables.
Entre estabilidad monetaria y desarrollo económico no debe haber contraposición, como muchas veces lo han deslizado los predicadores del crecimiento acelerado por medios inflacionarios. Tal pensamiento decae por confundir crecimiento económico con desarrollo económico, como si fueran simples juegos de palabras.
No debe olvidarse que el crecimiento económico es un simple fenómeno “cuantitativo”, conforme la comparación de índices de comportamiento entre dos períodos seleccionados (generalmente anuales). Por ello se agota en el corto plazo y se encuentra muy condicionado a los vaivenes internos como externos, precisamente por ausencia de genuina sustentabilidad.
Por el contrario, el desarrollo económico es algo mucho más significativo; es un fenómeno “cualitativo” que abarca el crecimiento económico en función de su repercusión en lo social y cultural, de modo sostenido, integrando los distintos sectores de la sociedad hacia un futuro de mayor bienestar general, no solo para la generación presente sino principalmente para las generaciones venideras. Supera el corto plazo y consolida la estructura productiva, social y cultural, amén del contexto circundante, por su carácter sustentable.
El crecimiento económico como fenómeno numérico es invocado por quienes profesan políticas populistas y de corto plazo, que conceptualmente se sintetizan en “pan para hoy, hambre para mañana”. Por ello, todo modelo de consumo que generalmente se sustenta con emisión de moneda y no con producción, se traduce en simpatía de la población y, consecuentemente, en atracción de votos. El modelo populista signado por el facilismo y el voluntarismo, responde para aquellos simples gobernantes, que tienen vedado soñar con un futuro de prosperidad y bienestar social.
Por el contrario, el desarrollo económico conjuga con políticas de producción y distribución de riqueza a todos los niveles populares, encontrándose representado por la máxima “esfuerzo para hoy, bienestar para mañana”. De allí que todo modelo de inversión y producción, que se antepone al consumo y lo difiere para más adelante, no goza de generalizada simpatía y es considerado como un sistema de ajustes económicos. El modelo desarrollista requiere de auténticos estadistas, que persiguen generalizar y consolidar el bien común de la sociedad en su conjunto, mediante la generación sostenida de riqueza que pueda distribuirse en todos los sectores sociales.
No olvidar que la velocidad del consumo es mayor que la velocidad de la producción, por lo que la demanda de bienes y servicios resulta insatisfecha por insuficiencia de la oferta, generando la paradoja de presionar sobre los precios de tales bienes y servicios, elevando sus precios y generando la espiral inflacionaria.
Por ello, el crecimiento con expansión de la demanda interna, no es desarrollo, porque no implica una transformación de la estructura productiva.
La estabilidad monetaria, por sí sola, va delineando el campo propicio para el desarrollo económico, que requiere de proyección futura. Por su parte, el desarrollo económico solo tiene viabilidad en la medida que se alcance la estabilidad monetaria, estabilidad que debe ser genuina y prolongada más no ficticia y fugaz.
Bajo esta óptica, la anterior Carta Orgánica endilgaba al Banco Central la “misión primordial y fundamental de preservar el valor de la moneda”, enrolándose en la corriente que pregona que el desarrollo de la economía y del país, solo es posible dentro de una estructura de estabilidad monetaria, económica, financiera y cambiaria.
La experiencia internacional indica que la estabilidad monetaria ha estado indisolublemente ligada a los procesos de desarrollo; el uno sin el otro no puede funcionar. A través de una moneda sana, sólida y estable, se posibilita la promoción del ahorro interno, el acceso al crédito y el advenimiento de la inversión y, como contrapartida, se desalienta la licuación del ahorro, la especulación financiera y la fuga de capitales.
La relación banco central independiente y baja inflación es clara, directa y contundente: a mayor independencia de la autoridad monetaria, menor será la inflación que esperan los agentes económicos, debido a que el banco central no tendrá las presiones de emisión monetaria derivadas de los desequilibrios fiscales y/o de las políticas activas que pretenda implementar el poder político. Sin este tipo de presiones, el banco central puede avocarse en plenitud a preservar el valor de la moneda y generar menores tasas de inflación. Recuérdese que la inflación esfuma toda iniciativa de desarrollo económico y social.
Fácilmente puede corroborarse que, en aquellos países donde la “dependencia” de los bancos centrales al gobierno es una realidad, ello se traduce en una pérdida de iniciativas en materia de política monetaria, privando así al país (e inclusive al propio gobierno), de una vital herramienta autónoma para frenar y equilibrar las políticas financieras y su reflejo en la actividad económica general.
La estabilidad monetaria y, consecuentemente, la cambiaria, en la medida que su responsabilidad esté en cabeza del Banco Central, sin interferencias del poder político, equivale a preparar y abonar el terreno para que el sector público y sector el privado proyecten y resuelvan sembrar y cosechar ulteriormente. La estabilidad monetaria es un presupuesto inexorable para posibilitar el desarrollo económico y de la sociedad en su conjunto.
Es por esa razón que acertadamente se ha sostenido que la tutela de la estabilidad monetaria debe ser sacada de la competencia del Poder Ejecutivo nacional, atento su grave predisposición natural a vulnerarla. Obsérvese que todos los análisis empíricos demuestran que la financiación de los desequilibrios presupuestarios constituye el factor que con mayor frecuencia y gravitación determina la expansión monetaria más allá de su demanda.
Tal preocupación se observó en los debates legislativos habidos en nuestro Parlamento, cuando se trató la creación del Banco Central argentino, ante la preocupación demostrada por numerosos legisladores de preservar a la autoridad monetaria de las interferencias del Poder Ejecutivo nacional. Así, el diputado Nicolás Repetto, representante de la bancada socialista, expresaba: “…Vamos a ver más adelante, como el peligro más serio para un Banco Central lo constituye el Estado. Es el Estado con su necesidad permanente de dinero, con su déficit continuo, el enemigo más terrible del Banco Central”.
Resulta ilustrativo recordar que a mediados de 1974 hubo una discrepancia de criterio entre el ministro de Economía José Ber Gelbard (vendedor ambulante que devino en empresario al calor del proteccionismo) y el presidente del Banco Central Alfredo Gómez Morales (doctor en ciencias económicas y acredita profesional), acerca del rol institucional del Banco Central, aclarando el primero de ellos que “mi amigo Gómez Morales no entiende que el Banco Central es la caja del gobierno”. Muy clara concepción que viene soportando el país desde hace cinco (5) décadas, de desprecio de la autarquía del Banco Central y de debilidad institucional.
La asistencia recurrente del Banco Central al tesoro, para financiar el gasto público más allá de los límites del presupuesto, ha sido y es una preocupación constante en nuestra historia, lo que arroja densas sombras sobre la capacidad de administración de nuestros gobernantes.
En este sentido, la reforma de la ley 26.739 al eliminar esa misión primordial de preservar el valor de la moneda, ha sido un grave retroceso institucional. Va en sentido inverso a lo que sucede en casi todo el mundo, donde los bancos centrales tienen como objetivo la estabilidad de la moneda, bajo metas de inflación.
Incluso reniega del ordenamiento jurídico nacional porque va en contra del art. 75º-19) de la Constitución Nacional, que impone al Congreso de la Nación tutelar el valor de la moneda, de modo tal que la ley 26.739 se apartó del texto de la Carta Magna y decidió confrontar y apartarse de tal principio constitucional, sentando serias convicciones sobre su inconstitucionalidad.
Dentro del esquema a desarrollar para preservar el valor de la moneda, la ejecución de la política monetaria es una función natural de los bancos centrales en tal sentido. La Carta Orgánica anterior endilgaba al Banco Central inequívocamente tal importante función; lamentablemente la reforma de la ley 26.739 también eliminó esa función para pasarla al Poder Ejecutivo nacional, dejando sin efecto la previsión legal que asignaba al Directorio la determinación de la ejecución de la política monetaria y financiera, atendiendo a lo que era esa función primordial de preservar el valor de la moneda.
El fenómeno de la creación de dinero bancario como consecuencia de la recepción de depósitos, por parte de las entidades financieras, tiene incidencia directa en la consecución de objetivos macroeconómicos, para lo cual es preciso dotar al Banco Central de instrumentos adecuados para afectar al cumplimiento de esos objetivos, como ser, principalmente, el nivel de liquidez y tipos de interés, lo que conlleva la administración permanente de la masa de dinero circulante y el monitoreo de las proyecciones inflacionarias que pueden existir.
La ejecución de la política monetaria consiste precisamente en el buen manejo de esos instrumentos, que requiere de alto tecnicismo y profesionalidad.
Por todo lo expuesto, no es casual que el Banco Central se encuentre con patrimonio reducido y comprometido al borde de la quiebra técnica, casi sin reservas líquidas y disponibles genuinas.
Consecuentemente y en función del futuro de la sociedad argentina, se impone que las nuevas autoridades que asuman el 10 de diciembre de 2015, asuman la obligación impostergable de recuperar institucionalmente al Banco Central, devolviéndole la misión primordial de velar por el valor de la moneda; reivindicar su carácter jurídicamente autónomo y económicamente independiente; restituirle la responsabilidad por la ejecución de la política monetaria con sus herramientas naturales; restringir y limitar la asistencia al Tesoro, siendo solo atendible en circunstancias rigurosamente excepcionales; establecer la intransferibilidad de utilidades al Gobierno nacional, debiendo ser capitalizadas y destinadas a fondos de reservas del ente rector; y por último, conformar el Directorio de la Institución con personas de probada idoneidad y experiencia en materia monetaria, bancaria o legal vinculada al área financiera durante los últimos diez (10) años a su designación y acreditados antecedentes de solvencia moral, durante toda su trayectoria profesional.
La actual situación de virtual quebranto del BCRA así lo impone, por lo que resulta imprescindible recuperar la genuina autarquía de la entidad rectora, para afrontar técnicamente la misión primordial de preservar el valor de la moneda nacional.
Reflexión:
La primera panacea para un país mal administrado es la inflación; la segunda es la guerra. Ambas traen prosperidad temporal; ambas provocan ruina permanente. Pero una y otra son el refugio de oportunistas políticos y económicos.
Ernest Hemingway
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